PERÓN:
Capítulo dedicado al agro en su
"Modelo Argentino para el Proyecto Nacional"
(1974)
EL AGRO
El mundo actual observa, con creciente preocupación, el paulatino
agotamiento de los recursos naturales al punto de temer el
desencadenamiento de una crisis en materia de productos esenciales
para la subsistencia de la humanidad.
Nuestro país, en tal sentido, resulta un privilegiado de la naturaleza
y una esperanza para la sociedad en la etapa universalista, en razón
de sus potencialidades en materia de recursos naturales. De allí que
la definición de una política estable y definida para el agro
constituye una responsabilidad ineludible de las generaciones del
presente para con las del futuro.
Esa política debe señalar, con precisión, los objetivos a alcanzar en
materia de colonización, infraestructura, régimen de tenencia de la
tierra, explotación, investigación, capacitación e incentivos, para
lograr, a la vez, una fuente continua de riqueza para el país y un
aporte vital para el mundo del futuro con criterio de solidaridad
universal.
Ambos conceptos, fuente sostenida de riqueza y solidaridad universal,
implican, necesariamente, hacer uso racional de nuestras tierras aptas
como así también realizar un esfuerzo sostenido para agregar a estas
las hoy ociosas o deprimidas.
La colonización de nuestras tierras adquiere, en razón de lo expuesto,
una importancia tal vez superior a la que se asignara en épocas
pasadas, pero, simultáneamente, es amenazada por mayores
condicionamientos y dificultades.
El paulatino desplazamiento de la población rural hacia los centros
urbanos; las necesidades propias de la vida moderna; la complejidad de
los medios técnicos y niveles de inversión requeridos para la
explotación agrícola, son aspectos que condicionan el logro de este
objetivo.
No podrá pensarse en colonizar, si previamente no creamos los medios
que aseguren a los inmigrantes que necesitaremos condiciones de vida
propicias para su desplazamiento. Ello, indudablemente, implica un
esfuerzo económico de magnitud trascendente y una planificación
detallada con determinación de prioridades. En tal sentido, será
preferible un plan con metas no excesivamente ambiciosas, escalonadas
en el tiempo y por zonas, pero basado en posibilidades reales de
concreción, a otro ambicioso que permanezca en el plano teórico o que
sea usado como mera herramienta de propaganda ideológica o partidista.
Simultáneamente con la creación de la infraestructura destinada a
hacer digna la vida de la población rural, será necesario considerar
la requerida para posibilitar la explotación de las tierras en
condiciones de productividad creciente y de agilización de las etapas
de distribución, almacenamiento y comercialización de los productos.
Entendemos que la tenencia de la tierra implica la responsabilidad de
no atentar contra la finalidad social que debe satisfacer la
explotación agraria. Dicha finalidad social solo se cubrirá cuando la
tierra sea explotada en su totalidad y en relación con su aptitud real
y potencial, tomando el lucro como un estímulo y no como un fin en si
mismo.
La tierra no es básicamente un bien de renta sino un bien de trabajo.
El trabajo todo lo dignifica.
La explotación de las tierras implica considerar un dimensionamiento
óptimo y una conservación adecuada del suelo; ambos aspectos deben ser
evaluados dentro de un contexto eminentemente técnico, y con miras a
lograr consenso y no enfrentamientos de grupos o sectores.
La experiencia indica que muchas discusiones, particularmente en lo
que concierne a la subdivisión de las tierras se han orientado, o han
sido fuertemente condicionadas, por razones meramente ideológicas mas
que de beneficio para la sociedad en su conjunto.
La actividad productiva dentro del sector primario no ha escapado a la
influencia de la continua revolución tecnológica que es un signo de
nuestros tiempos. Más aún; puede observarse que en los últimos años se
hacen denodados esfuerzos para lograr nuevos procedimientos que
compensen la no productividad de la tierra, con el creciente aumento
de la población mundial.
La República Argentina, como poseedora de un vasto territorio con
aptitud especial para su explotación, no puede bajo ningún concepto
quedar rezagada, tanto en el uso de tales nuevos procedimientos como
en el proceso de investigación.
La creación y estímulo para lograr una conciencia en esta materia debe
ser responsabilidad no sólo del Estado sino también de los sectores
privados que participan de esta actividad.
Los actuales centros de experimentación y de formación de mano de obra
capacitada, necesitan contar con el decidido apoyo público y privado.
Pero estos, a su vez, deben basar sus planes de acción sobre objetivos
y metas concretas y acordes con las posibilidades del país.
No resulta novedoso señalar la natural resistencia de muchos
trabajadores rurales a la implantación de nuevos métodos,
procedimientos y herramientas tendientes a proteger el suelo,
incrementar la productividad y cultivar nuevas especies. Sin embargo,
pareciera que los esfuerzos para lograr un cambio radical y definitivo
resultan todavía insuficientes.
Por tal motivo, el Estado en particular y las organizaciones rurales
en general, deberán coordinar sus esfuerzos a fin de profundizar los
cambios y hacer evidentes los beneficios que los mismos traerán
aparejados. Un hombre de campo con una mentalidad moderna y de futuro
es el factor insustituible del progreso del sector, más allá de toda
medida administrativa o de estímulo a la actividad.
Todo lo señalado hasta este punto implica un esfuerzo
económico-financiero que va mas allá de las posibilidades del sector
y, por tal razón, el Estado debe ineludiblemente acudir como apoyo
real y estímulo como así también hacer un uso intenso de su poder como
fiscalizador, control y regulador.
En cuanto al apoyo, éste debe materializarse a lo largo de todo el
espectro de actividades que directa o indirectamente hacen al quehacer
agrario; desde la capacitación técnica, hasta la creación de
condiciones para la explotación; pasando por el apoyo financiero para
las distintas etapas de la producción y comercialización.
Solo podemos exigir el cumplimiento de un compromiso social si
previamente facilitamos los medios básicos para llevarlo a cabo.
El asesoramiento técnico, el apoyo crediticio, la política fiscal y el
desarrollo de cooperativas agrarias, son instrumentos que deben usarse
en forma intensa, particularmente para aquellos que se encuentran en
inferioridad de condiciones para producir.
El apoyo para lograr el aprovechamiento de las zonas ociosas debe ser
motivo de especial preferencia, pero una vez satisfechas adecuadamente
las necesidades de las zonas aptas.
En su función fiscalizadora, de control y regulación, el Estado debe
previamente definir con absoluta claridad su participación, y una vez
logrado el consenso general se deberá proceder sin solución de
continuidad.
Nuevamente aquí la política fiscal cumple un decidido papel para
obligar a la explotación racional de los recursos, evitando
capacidades ociosas. Producir cada día mas, manteniendo la fertilidad
de las tierras, debe ser criterio rector.
La intervención directa en el proceso de comercialización interna y
externa, así como también en la fijación de los precios que aseguren
un beneficio normal y una eliminación de la incertidumbre del futuro,
son también responsabilidades que el Estado no debe bajo ningún
concepto delegar y menos aún olvidar.
miércoles, 23 de abril de 2008
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