El Consejo Directivo de la Facultad de Sociales de la UBA sentó

En su sesión ordinaria del martes 1 de abril el Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Sociales emitió dos resoluciones por unanimidad a
través de las cuáles fija posición pública frente al conflicto derivado
de la disputa por la renta agraria. Además decidió organizar una sesión
extrordianaria en los próximos días con el fin de convocar a la
comunidad académica a debatir sobre las cuestiones en juego en esta
disputa social y política de enorme trascendencia para nuestro país.
Visto:

La situación planteada en relación con las medidas tomadas por las

organizaciones de productores rurales nucleadas en SRA, CONINAGRO, CARBAP Y

FAA

Considerando:

Que a la fecha las medidas adoptadas han venido provocando desabastecimiento

de alimentos a lo largo y ancho del país.

Que las medidas adoptadas por las entidades citadas constituyen un lock-out

patronal que, más allá de matices razonables en relación con la diferente

situación de partida existente entre grandes y pequeños productores,

conllevan un altísimo nivel de confrontación social en la disputa por la

apropiación de la riqueza en la Argentina.

Que a lo largo y ancho del país en los caminos se han registrado inauditas

requisas o inspecciones en los camiones y otros medios de transporte por

parte de los adherentes a la medida a fin de evitar el traslado de

mercaderías, lo que ha ofrecido ejemplos de pérdida de millones de litros de

leche y la puesta en crisis de la industria agrícola para el próximo

semestre.

            Que a la hora de dirimir sobre las retenciones, su aplicación

como medida redistributiva del ingreso aparece como necesaria aunque

insuficiente.

            Que en este contexto,  la aplicación de retenciones móviles

atiende a reconocer el crecimiento de los precios internacionales  de

ciertos productos, que se combinan con la rebaja de otros coeficientes de

retención.

            Que es notorio que las decisiones que se aplican a la

exportación de cereales forma parte de un esquema de mayor envergadura que

se conjuga con otras variables que han permitido subsidios a los

combustibles destinados a la producción, refinanciación de deudas por el

Banco Nación, dólar con alto tipo de cambio, apertura de nuevos mercados,

disminución del IVA en ciertos productos de la economía de la agro

industria, etc.

            Que, por lo tanto, se está engañando a sabiendas a la opinión

pública –y ello con la complicidad manifiesta de muchos medios de

comunicación cuyos intereses están ligados estrechamente al llamado "*boom *

 de la soja"- al plantear la cuestión como una indebida exacción o

aplicación de medidas "confiscatorias" contra los productores rurales,

cuando de lo que se trata es de una puja interna de los sectores dominantes

por la rentabilidad futura –incluyendo no sólo a los grandes "dueños de la

tierra" concentrados, sino también a las grandes multinacionales

agroquímicas, exportadoras de grano, etcétera-, como ha sido demostrado por

los estudios económicos más insospechables.

            Que los reclamos de un sector que defiende sus márgenes de

ganancias extraordinarias, por importante que sea su contribución a la

economía (y muchos de los ya mencionados estudios prueban que *no es* tan

importante como los interesados pretenden afirmarlo), no pueden ejercerse

por sobre el interés general de la ciudadanía y de la Nación. En las

circunstancias que hoy se hacen presentes, quienes hoy protestan parecen

haber olvidado sus propias demandas  de atenuación o represión expresadas

cuando quienes toman medidas de acción sindical o de protesta social son los

sectores de los trabajadores o que han sufrido procesos de empobrecimiento.

            Que, lamentablemente, ciertos sectores que participaron o

adhirieron a la medida de lock-out  de la protesta han extendido sus

reclamos a otro tipo de circunstancias de la vida democrática cuestionando

al proceso del estado de derecho. Y en muchísimos casos lo han hecho con

argumentos "clasistas" y aun "racistas" que en sí mismos merecen el más

absoluto repudio por su carácter profundamente regresivo y reaccionario.

Que, sin perjuicio de lo expuesto, debe enfatizarse que  las retenciones a

las exportaciones deben ser complementadas por otras políticas de

redistribución del ingreso mucho más profundizadas y consecuentes de las que

se han aplicado hasta ahora, cuyo eje central sea el aumento de salarios por

sobre el nivel de productividad y el costo de vida, además de atender a las

situaciones diferenciales que existen dentro de la actividad agropecuaria

tanto por las posibilidades económicas propias de los medianos y pequeños

productores, cuanto por la relación que los sectores más concentrados de la

actividad tienen con empresas monopólicas u oligopólicas nacionales y

multinacionales.

            Que es imperativo que las soluciones a las que se arriben

reconozcan los intereses de la mayoría, el respeto a las libertades públicas

y a los derechos humanos del conjunto, entre los cuales se encuentra

–ciertamente- el derecho a la alimentación.

            Por todo lo expuesto

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DECLARA

1º. Que considera inadmisible que la adopción de medidas sectoriales de la

actividad agropecuaria alcance a presionar sobre el derecho a la

alimentación de millones de argentinos.

2º. Que *es deber impostergable del Estado propender a la mejora progresiva

de las condiciones de vida del pueblo argentino interviniendo en la

actividad económica con herramientas tributarias o de otro orden que

atiendan a una más justa distribución de las riquezas.***

* *

*3º. Su enfático rechazo a cualquier expresión o pretensión sectorial que

cuestione la vigencia del régimen democrático, el respeto a los derechos

humanos y la continuidad de los juicios por la verdad, la justicia y la

memoria.*

* *

*4º. De forma.*

Fuente: www.fsoc.uba.ar