La distribución del ingreso en la Argentina y sus condiciones estructurales

Por Eduardo M. Basualdo

Continuación del texto de PCPC con la ventaja de que no hay que dar cuenta en un parcial del conocimiento adquirido.

1. La distribución del ingreso durante los últimos años
La debacle del 2001 fue la conclusión de una profunda y prolongada crisis económica y social,
que comienza tres años antes y provocó una reducción de aproximadamente el 20% del PBI. La
misma, no sólo implicó la implosión de la Convertibilidad (tasa de cambio fija y convertible) sino
que fundamentalmente constituyó la expresión del agotamiento definitivo del patrón de
acumulación de capital sustentado en la valorización financiera que puso en marcha, a sangre y
fuego, la dictadura militar entre 1976 y 1982 y continuó durante los gobiernos constitucionales
que la sucedieron2.
Es insoslayable subrayar, que durante esa prolongada crisis se desplegaron por parte de los
sectores dominantes dos propuestas alternativas a la Convertibilidad que fueron conducidas por
las fracciones del capital centrales en la valorización financiera, como fueron los grupos
económicos locales, por una lado, y los acreedores externos y el capital extranjero, por otro. Los
primeros, cuya expresión política estuvo constituida por la alianza de Duhalde y Alfonsín,
enarbolaron la devaluación como vía de escape al régimen vigente, ya que les permitía
multiplicar en forma proporcional los capitales que habían fugado al exterior durante las
décadas anteriores. Por el contrario, las fracciones del capital extranjero, cuyos representantes
políticos eran el FMI y el Banco Mundial, postulaban como la salida idónea de la Convertibilidad
la que había adoptado poco tiempo antes Ecuador, es decir la dolarización de la economía
local. Como ocurría con la alternativa devaluacionista, no se trataba de una política que
intentaba beneficiar al conjunto social, o al menos repartir equitativamente los costos, sino
asegurar el valor patrimonial de sus activos fijos (empresas y acreencias) en dólares.
Como es público y notorio, la salida devaluacionista de la Convertibilidad fue el epílogo de la
más profunda y trágica revancha clasista que llevaron a cabo los sectores dominantes en la
Argentina moderna. Su aplicación no sólo desencadenó una redistribución de la riqueza
existente sino una debacle en términos de los ingresos, en las cuales los sectores populares
estuvieron nuevamente en el epicentro del fenómeno.
Al respecto, tal como se constata en el Gráfico Nº 1, en 2002 se registró una reducción de la
ocupación, equivalente a 800.000 personas en términos absolutos, mientras que la
desocupación superaba el 20% y más del 30% si le agrega la subocupación. La caída del
salario real (definido como el cociente entre el salario nominal y el índice de costo de vida) no
fue menos dramática ya que alcanzó a casi el 30% en el 2002 y se deterioró aún más al año
siguiente. Se trató de una hecatombe social que provocó una sucesión de presidentes y obligó
a poner en marcha medidas de emergencia inéditas, como el Plan Jefes y Jefas de Hogar
Desocupados, para asegurar la “gobernabilidad”.
* Originalmente publicado en la Memoria Anual 2008, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina.
1 Miembro de la Comisión Directiva del CELS, investigador del CONICET y Coordinador del Área de Economía y
Tecnología de la FLACSO, Sede Académica Argentina. El autor agradece los interesantes comentarios y sugerencias
realizados por: Daniel Azpiazu, Victoria Basualdo y Horacio Verbitsky.
2 Las características básicas y las etapas del patrón de acumulación de capital sustentado en la valorización
financiera (1976-2001) se encuentran analizadas en: Eduardo M. Basualdo, “Estudios de historia económica
argentina. Deuda externa y sectores dominantes desde mediados del siglo XX a la actualidad”, FLACSO/Siglo XXI
Editores Argentina, Buenos Aires, 2006.
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Sin embargo, en el marco del acentuado proceso de crecimiento que comienza en 2003, se
registra una notable recomposición del salario real promedio y de la ocupación de mano de
obra. Es indudable, que la reactivación de la producción industrial y de la construcción tuvieron
un impacto de primer orden de importancia en el descenso de la desocupación (hacia fines del
2007 se ubica alrededor del 8% de la población económicamente activa), especialmente por el
mantenimiento de un elevado coeficiente de empleo /producto en esas actividades económicas.
No menos importante durante los últimos años ha sido la recomposición salarial que, incluso,
fue más acelerado en términos de los ingresos de los trabajadores no registrado que los que
trabajan “en blanco”. De allí, que en el 2007 la ocupación sea un 16% más elevada que en el
primer año del siglo y que el salario real sea prácticamente igual al que regía en ese mismo
año.
Gráfico Nº 1
Evolución de la ocupación y el salario real promedio, 1995-200 7 (primer semestre)
(2001 =100)
94
90
118
72
109
100 99
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ocupados
Salario real medio
Fuente: Elaboración propia sobre la información del Ministerio de Economía de la Nación y FIDE.
C. Menem
(1995-1999)
F. De La Rua
(1999-2001)
R. Puerta,
A. Rodriguez Saa,
E. Camaño
(2001)
E. Duhalde
(2002-2003)
N. Kirchner
(2003-2007)
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica www.3 geopolitica.ws
Es indudable, que tanto la recomposición de la ocupación y el aumento del salario real
promedio no fueron el resultado de la “mano invisible” del mercado sino de la política que
adoptó la actual gestión gubernamental en pos de la reactivación económica, en general, y de la
reindustrialización, en particular. La férrea defensa, en contra de las concepciones dominantes,
para mantener un alto ritmo de crecimiento económico y de generación de empleo, fue una de
ellas. El aumento del salario mínimo, vital y móvil, la incorporación de los aumentos de salario
de suma fija al salario básico, el impulso para que se retomaran las negociaciones colectivas de
trabajo, la derogación de la denominada “Ley Banelco” a través de la ley 25.877 de 2004, que
intenta reordenar el mercado laboral, el aumento de las jubilaciones mínimas, etc.3, fueron
todas medidas que impulsaron una drástica reversión de las crítica situación imperante hace
largo tiempo, que se agravaron acentuadamente a partir de 2002.
Sin embargo, cuando estas transformaciones en el mercado de trabajo se traducen, sobre la
base de las mismas estadísticas, en términos de la distribución del ingreso se constata una
situación sorprendente que no parece estar en consonancia con esas modificaciones. En
efecto, tal como se refleja en el Gráfico Nº 2, la participación de los asalariados en el ingreso en
el año 2007 (28%) es significativamente inferior a la vigente en 2001 (31%), es decir a la que
estaba vigente antes de la crisis de la convertibilidad y la valorización financiera4.
No deja de ser paradojal que cuando el salario real es equivalente al que regía antes de la crisis
de 2002 y la ocupación un 16% superior, la participación de los trabajadores en el ingreso sea
un 11 % más reducida que la vigente en 2001. La explicación a esta aparente contradicción se
encuentra en que el PBI, no solamente creció en forma continuada a tasas sumamente
elevadas (entre el 8% y el 9% anual) entre 2002 y el 2007, sino que aumentó claramente por
encima de la combinación de salario real y ocupación (masa salarial).
En efecto, en el mismo Gráfico Nº 2 se verifica que mientras el PBI aumentó el 31% entre 2001
y 2007, la masa salarial (equivalente al salario real por la ocupación) lo hizo sólo en un 16%. Se
trata de procesos definitorios en la evolución de la participación de los asalariados en el ingreso,
porque la misma es el resultado del cociente entre la masa salarial (ocupación por salario real) y
el PBI (equivalente al valor agregado o el ingreso generado anualmente en el país). En otras
palabras, debido a la recuperación que registró el salario real y la ocupación durante los últimos
años, las condiciones de vida de la clase trabajadora para el año 2007 son mejores que durante
la crisis e incluso que antes de ella (2001), pero su participación en el valor agregado (en la
distribución del ingreso) es menor porque el PBI creció más que la masa salarial. Visto del otro
lado, se puede decir entonces que el capital está en mejores condiciones que antes debido a
3 Una enumeración de las principales medidas introducidas en la legislación laboral entre 2003 y 2007, pueden
consultarse en: CENDA, “El trabajo en la Argentina”, Informe trimestral Nº 13, Buenos Aires, primavera 2007.
4 Para la estimación de la participación de los ocupados en el PBI se utilizó información oficial proveniente de la
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC. En primer lugar se estimó la masa salarial, que es el
resultado de multiplicar la cantidad de ocupados por el salario anual promedio de los mismos. Para esta estimación se
utilizó la serie de población ocupada en el total del país suministrada por la Dirección Nacional de Cuentas
Nacionales del INDEC hasta 2005, para los años posteriores se extrapoló la serie según la evolución de la tasa de
empleo en el total de aglomerados urbanos elaborada a partir de la encuesta permanente de hogares (EPH-INDEC).
Por otra parte, la estimación del salario medio de los ocupados se realizó considerando la evolución de las
remuneraciones medias suministrada por FIDE hasta el año 2001, y para los años posteriores se consideró la
información suministrada por la EPH-INDEC para los principales aglomerados urbanos. Dichos salarios se
anualizaron y se estimaron en términos reales utilizando el índice de precios al consumidor (IPC). Este
procedimiento permitió determinar la evolución de la masa salarial en términos reales a lo largo del período en
consideración, para posteriormente calcular su incidencia en el producto bruto interno a precios constantes y obtener,
mediante el cociente entre la masa salarial y PBI, la participación de los asalariados en el ingreso.
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que se apropió a través de sus ganancias de una porción mayor del valor agregado generado
anualmente, registrándose una participación creciente del mismo en el ingreso.
Gráfico Nº 2
Evolución de la participación de los asalariados, el PBI y la masa salrial, 1995-2007(primer semestre)
(2001=100)
31
28
23
131
100
116
20
22
24
26
28
30
32
34
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
20
40
60
80
100
120
Parcipación de asalariados en el PBI
PBI
Masa salarial (salario real promedio por ocupados)
Fuente: Elaboración propia sobre la información del Ministerio de Economía de la Nación y FIDE.
C. Menem
(1995-1999)
F. De La Rua
(1999-2001)
R. Puerta,
A. Rodriguez Saa,
E. Camaño (2001)
E. Duhalde
(2002-2003)
N. Kirchner
(2003-2007)
2. La productividad del trabajo y la distribución del ingreso
El hecho de que sea posible que se registren mejoras palpables en las condiciones de
existencia de los trabajadores y al mismo tiempo descienda la participación de los mismos en la
distribución del ingreso, está indicando que en su determinación no sólo cuentan el nivel del
salario y de la ocupación, sino que también la productividad del trabajo constituye otro elemento
de fundamental importancia.
En realidad, esos dos procesos pueden coexistir porque la participación de los trabajadores en
el ingreso es una función de la relación que se establece entre el salario real y la productividad
del trabajo5, la cual fue drásticamente redefinida durante el cuarto de siglo (1976-2001) en que
5 La importancia del tema, amerita una demostración de esta afirmación mediante el desarrollo de algunas ecuaciones
simples. Asumiendo que: pl = productividad; va= valor agregado; o = nivel de ocupación; s = salario medio real; pa
= participación de asalariados en el ingreso.
Sobre esta base, la definición de la productividad del trabajo nos indica que la misma es igual al valor agregado
generado por cada trabajador, es decir que:
pl = va/o
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estuvo vigente la valorización financiera, expresando uno de los grandes logros de la revancha
clasista que implementaron los sectores dominantes a partir de la dictadura militar.
Con el propósito de aprehender la naturaleza de los cambios en la relación de ambas variables,
en el Gráfico Nº 3 se exponen sus respectivas trayectorias entre 1969 y 2007, considerando
como base los valores del año 1976 porque constituyen la divisoria de aguas entre dos
situaciones contrapuestas. En términos generales, estas evidencias indican de una manera
contundente que durante el transcurso de la hegemonía de ese patrón de acumulación que se
sustentó en la valorización financiera se produjo un giro copernicano en la relación que
mantenía el salario real y la productividad del trabajo. Mientras que hasta 1976 el salario
evolucionaba por encima de la productividad, a partir de ese año comienza a moverse por
debajo de la misma, proceso que se consolida desde mediados de la década de 1980, en tanto
la brecha entre ambas variables se agranda de una manera ostensible.
Resulta evidente que el origen de esta transmutación no radica en que se produjeron
modificaciones sustantivas en la productividad, sino en el meteórico descenso del salario real a
partir del golpe militar de 1976. Efectivamente, si bien la productividad exhibe, con sus más y
sus menos, una tendencia creciente, la trayectoria descendente del salario real es decisiva en
esa reversión e indica de una manera contundente la existencia de una nueva pauta distributiva
que comenzó brutalmente durante la dictadura militar, pero se profundizó durante los gobiernos
constitucionales que le sucedieron, convalidando el éxito dictatorial de que la trayectoria del
salario se ajuste a valores totalmente diferentes a los prevalecientes durante la segunda etapa
de sustitución de importaciones.
A pesar de que esta aproximación general a la evolución de la relación entre el salario real y la
productividad es decisiva para aprehender la profunda y regresiva transformación en la relación
entre el capital y el trabajo en la Argentina, una rápida revisión de las etapas por las que transitó
resulta insoslayable porque allí se encuentra la posibilidad de analizar ciertos procesos que son
relevantes para comprender la encrucijada que enfrenta actualmente los sectores populares y
los trabajadores en particular.
Al respecto, cabe señalar que la evolución del salario real por encima de la productividad entre
1960 y 1975, expresa la situación vigente durante la segunda etapa de sustitución de
importaciones y, específicamente, la situación imperante durante la década de mayor
crecimiento industrial ininterrumpido (1964-1974), a pesar de las diversas dictaduras militares
que se sucedieron en ese entonces.
No es el momento apropiado para analizar las razones de este relevante logro de los
trabajadores, problemática que se abordará más adelante, pero sí de destacar algo más básico
Por lo tanto,
1. va = o х pl
Por otra parte, la participación de los asalariados es igual al salario medio por la cantidad de ocupados sobre el valor
agregado, es decir que:
pa = s х o/va
En consecuencia,
2. va = s х o/pa
Igualando ambas ecuaciones, obtenemos que :
o х pl = s х o/pa, que es equivalente a
3. pa = s х o/pl x o = s/pl
Es decir que la participación de los asalariados en el ingreso está en función de la relación entre el salario medio y
la productividad (pa=f [s, pl]).
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de gran importancia en la actualidad. En tanto, la participación de los asalariados en el ingreso
es una función del cociente entre el salario real y la productividad, la condición sine qua non
para que la misma se incremente, es que el salario evolucione tendencialmente, más allá de
alteraciones circunstanciales, por encima de la productividad del trabajo. Si lo hace por debajo
desciende, y si ambas variables varían de igual forma, la participación de los asalariados
permanece inamovible. De allí, que durante la década mencionada (1964 -1974) se haya
registrado una redistribución del ingreso favorable a los asalariados, y por esta misma razón es
que en la actualidad los empresarios proponen que los incrementos salariales igualen a la
variación de la productividad, ya que eso les garantizaría que la participación de los
trabajadores en el ingreso quedaría fija en sus valores históricos más reducidos, abismalmente
distanciados del 50/50 entre el capital y el trabajo de otras épocas, a pesar de estar creciendo el
PBI a tasas que oscilan entre el 8% y el 9% anual.
Gráfico Nº 3
Evolución del salario real promedio y de la productividad del trabajo,
1969-2001 (1976=100)*
71 64 63
77
115
152
113
100 105
40
60
80
100
120
140
160
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007*
Salario real promedio
Productividad
* Todos los valores son promedios anuales, salvo el año 2007 que comprende únicamente al primer
Fuente: Elaborado en base a la información del BCRA, INDEC y FIDE
Las evidencias son contundentes, en indicar que a partir del mismo inicio de la dictadura militar
se modificaron drásticamente las condiciones de vida de los sectores populares mediante, entre
otras cuestiones, un derrumbe del salario real, implementado mediante congelamiento de los
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salarios en una etapa de alta inflación y eliminación de las retenciones a las exportaciones
agropecuarias. Rodolfo J. Walsh en su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” de marzo
de 1977, describió vívida y precisamente ese proceso, señalando que: “En la política económica
de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad
mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han
reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el
ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero
para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en
los últimos reductos coloniales…Congelando salarios a culatazos mientras que los precios
suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva,
prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al
récord del 9% y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las
relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y cuando los trabajadores han
querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de
delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron”.
Contra todas las expectativas que despertó el retorno de los gobiernos constitucionales, las
modificaciones introducidas por la dictadura militar en este aspecto no sólo no se repararon sino
que se agravaron, especialmente luego del breve interregno en que B. Grinspun ocupó la
cartera de economía entre 1983 y 1985, momento en por única vez entre 1976 y 2003, la
evolución de los salarios supera claramente la variación de la productividad del trabajo. Sin
duda, la situación se vuelve patética durante la década de 1990, cuando el salario real continúa
descendiendo y la productividad se eleva, pero con la crisis de 2001/2002 la disparidad se
acentúa, al disminuir el salario mucho más aceleradamente que la reducción de la productividad
del trabajo.
En este contexto, cabe llamar la atención sobre otras modificaciones que irrumpen a partir de
2001, que están relacionadas con la mutación de los precios relativos y tienen suma
importancia en la actualidad. Para plantear esta nueva problemática es imprescindible
incorporar antes el concepto, y la forma de medir, el costo salarial y su relación con el salario
real. Como se sabe, la evolución del salario real expresa las posibilidades de existencia que
tienen los asalariados a partir de la remuneración que obtienen por la venta de su fuerza
trabajo, por esa razón se mide mediante el cociente entre el salario nominal y el índice de
precios al consumidor. No obstante, es de hacer notar que asegurar las condiciones de
reproducción de la fuerza de trabajo es uno de los atributos del salario, el otro consiste en que
ese mismo salario opera, desde el punto de vista del empresario, como un costo. En
consecuencia, el costo salarial es uno de los ítems que integra la estructura de costo de las
empresas, cuya importancia es variable, según la actividad de que se trate, aunque
generalmente siempre es significativo. Se mide, mediante la división entre el mencionado
salario nominal, pero ahora en relación a los precios que reflejan los ingresos percibidos por las
empresas, es decir el índice de precios mayoristas, en general, y los de correspondientes a
cada sector de actividad, en particular.
Con el propósito de analizar la situación imperante durante los últimos años, en el Gráfico Nº 4,
se expone la evolución de la productividad, el salario real y el costo salarial entre 1999 y el
primer semestre de 2007, considerando como se hizo anteriormente al año 2001 como año
base. Bajo estas condiciones, las evidencias empíricas disponibles indican que entre el 2001 y
2007 la productividad del trabajo se elevó el 2%, mientras que el salario real (tal como se indicó
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precedentemente) está un 1% por debajo del valor alcanzado en 2001, y finalmente el costo
salarial nada menos que el 33% por debajo del nivel alcanzado en el año base6.
La notable deflación relativa del costo salarial esta asociada a la diferente trayectoria que
tuvieron los precios minoristas (que determinan el comportamiento del salario real y aumentaron
desde el año 2001 el 81% aproximadamente), y los precios mayoristas (que ocasionan
modificaciones en el costo salarial y se incrementaron desde 2001 el 168%), debido a la
aplicación de un conjunto de políticas estatales que ameritan ser mencionadas.
Como es notorio, a partir de la salida de la convertibilidad se desplegó una acentuada
modificación en los precios relativos de la economía. Si bien, la más destacada fue la mayor
devaluación del tipo de cambio real que se realizó hasta el momento en la economía local, hubo
otros muy significativos como fue el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos que
fue el resultado de una combinación de acciones estatales7. Por un lado, la negativa estatal a
convalidar incrementos de tarifas e incluso obligar a retrotraer los aumentos en los productos
energéticos como el caso de los combustibles, o importarlos cuando no había suficiente
producción interna, como ocurrió con el gas-oil. Por otro, otorgar subsidios a determinados
servicios públicos para impedir que no se registraran incrementos en sus tarifas, siendo el caso
más conocido, pero no el único, el del transporte público y dentro del mismo el de los
ferrocarriles.
Este breve e imperfecto recuento viene al caso, porque los servicios públicos tienen una
incidencia considerable dentro de los precios minoristas pero no se computan directamente
dentro de los precios mayoristas. En otras palabras, la política de contención de las tarifas de
los servicios públicos permitió que se elevara el salario real pero no ocurrió lo mismo con el
costo salarial, porque los mismos forman parte de los precios minoristas pero están excluidos
de los mayoristas. De esta manera, se beneficiaron los trabajadores y también los empresarios,
porque mantuvieron bajos sus costos salariales por esa política de contención, que en varias
ocasiones comprometió subsidios estatales.
Es muy probable que esta política hubiera sido igual o más contundente, pero sin duda menos
conflictiva si hubiese tenido fuerza de ley, porque en ese caso hubiese sido el resultado de la
participación de diversos sectores sociales e instituciones (usuarios, organismos de control,
defensoría del pueblo, etc.) y, en consecuencia, su consenso hubiese sido difícilmente
discutible. Alternativa que podría haberse plasmando si el Poder Legislativo hubiera tratado los
proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo sobre el régimen nacional de servicios
públicos y los entes reguladores de los mismos.
La otra línea de política estatal fue el acuerdo de precios con los supermercados para aminorar
el incremento de los precios minoristas, especialmente los que conforman la canasta básica. A
ello, se le suma el control directo e indirecto sobre los precios de las empresas formadoras de
precios e incluso los controles para garantizar la transparencia de determinados mercados,
como fue el caso del Mercado de Liniers en materia de carnes. Ciertamente, se trata de una
política resistida con ahínco por el sector empresarial y también jalonada con notables
arbitrariedades estatales relacionadas a la intervención del INDEC y el manipuleo de la
6 Un análisis de la evolución del costo salarial y la productividad, así como otros aspectos del comportamiento del
mercado de trabajo, se encuentran en: J. Lindenboim, “Calidad del empleo y remuneraciones: el desafío actual”,
Revista Realidad Económica Nº 228, Buenos Aires, 2007.
7 Un interesante análisis de la evolución del mercado de trabajo, así como de la retracción de los servicios públicos
en el nivel de actividad económica durante los últimos años, se encuentra en: N. Arceo, P. Monsalvo y A. Wainer,
“Empleo y salarios en Argentina: una visión de largo plazo”, Colección Claves para Todos, Buenos Aires, 2007.
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información allí generada, pero al mismo tiempo con efectos palpables sobre la problemática
analizada.
Más allá de las causas que provocan la discrepante evolución del salario real y el costo salarial
a partir de 2002, lo que indican las evidencias disponibles es que los salarios no sólo no
comprometen la rentabilidad empresaria sino que esta última aumentó significativamente a
partir de la disolución de la convertibilidad, determinando un incremento significativo en su
participación en el ingreso. De allí que las actuales presiones inflacionarias, puedan entenderse
como el intento de diluir el avance, de por sí magro, del salario real, consolidando de esta
manera la inequitativa distribución del ingreso vigente en el país.
Gráfico Nº 4
Evolución de la productividad, el salario real y el costo salarial, 1999-2007* (2001=100)
77
74
83
93
72
99
103
95
102
53 51
56
63
49
67
100
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Salario real promedio
Productividad
Costo salarial
C. Menem
(1995-1999)
F. De la Rua
(1999-2001)
R. Puerta, A.
Rodriguez Saa,
E. Camaño
(2001)
E. Duhalde
(2002-2003)
N. Kischner
(2003-2007)
*Primer semestre de 2007
Fuente: Elaboración propia sobre la información del Ministerio de Economía de la Nación y FIDE.
3. Factores estructurales y distribución del ingreso
A partir de la perspectiva que otorga el tiempo transcurrido, resulta indiscutible que durante las
distintas etapas por las que transitó el patrón de acumulación que puso en marcha la dictadura
militar en 1976, y se prolongó hasta el año 2001, se produjo un drástico cambio estructural que
trastocó tanto la fisonomía de los sectores dominantes como la de los sectores populares.
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Sin embargo, la amplitud y la profundidad de las transformaciones económicas, políticas y
sociales acaecidas durante las últimas décadas no deberían ocultar que el epicentro de las
mismas fue el intento de los sectores dominantes por imponer un drástico e irreversible cambio
en la relación que mantenían el capital y el trabajo. En este sentido, es indudable que el objetivo
estratégico de la dictadura militar consistió en destruir la organización y el poder de los
trabajadores en el país, pero persistió durante los gobiernos constitucionales posteriores,
porque era un requisito central para la el desarrollo del nuevo patrón de acumulación de capital,
que casualmente por eso constituye una revancha clasista de los sectores dominantes que no
tiene precedentes desde la creación del Estado moderno en el país.
La feroz represión de la dictadura a los sectores populares y la consolidación del “sindicalismo
empresario” como fase superior de la burocracia sindical, son expresiones cabales de ese
replanteo de la relación entre el capital y el trabajo. Otra manifestación de ese cambio, es el
prolongado e inédito proceso de desindustrialización que no tuvo pausas a lo largo de la
valorización financiera, produciendo rupturas profundas en la clase trabajadora entre los
asalariados “en blanco”, “en negro” y terciarizados. Igualmente relevante en el mismo sentido,
ha sido la disolución del mercado de trabajo formal y la irrupción de una desocupación que de
allí en más funcionaria como un real “ejército industrial de reserva” presionando a la baja a los
salarios. Todos estos fenómenos, junto a muchos otros como la privatización del sistema
jubilatorio, la disminución de los aportes patronales, etc., han interactuado entre sí y jalonado un
giro drástico de la relación entre el capital y el trabajo.
Sin embargo, finalizada la valorización financiera y avanzada la transición hacia la definición de
un patrón de acumulación alternativo, los trabajadores no han recuperado, a pesar del
acelerado crecimiento económico, la participación en el ingreso que tenían, no ya en las
postrimerías de la segunda etapa de la sustitución de importaciones, sino la que alcanzaban en
2001, el año final de la valorización financiera. Ante esta situación, es inevitable preguntarse:
¿Cuáles son los motivos por las cuales los trabajadores no se declaran en estado de asamblea
para definir una estrategia y un plan de acción que le permita al conjunto de los sectores
populares recuperar la participación en el ingreso que alcanzaban en otros tiempos?
Sin duda, que los trabajadores hayan sido despojados de conquistas históricas durante las
últimas décadas produjo un gran impacto, pero no parece justificar su pasividad, sino más bien
señalar los desafíos que enfrentan en estos tiempos. El problema, parece estar centrado en la
propia conformación de la clase trabajadora que también fue redefinida negativamente y que ha
sido decisiva para diluir su identidad. De una clase sensiblemente homogénea ha devenido otra
surcada por profundas disparidades que dieron lugar a las categorías de trabajadores en
“blanco”, “en negro”, “terciarizados”, desocupados, subocupados, pobres e indigentes, que en
muchas ocasiones se superponen entre sí porque, en conjunto, no sólo identifican
circunstancias laborales distintas, sino condiciones de existencia marcadamente diferentes. Más
aún, las políticas impuestas por los sectores dominantes han tenido el recaudo de bloquear la
posibilidad de que la propia dinámica de la clase trabajadora restañe esas profundas
disparidades. Problemática esta última que se analiza a continuación porque constituye una
tarea indelegable de la clase trabajadora para reconstituirse y poder restablecer su identidad.
Avanzando en el tema planteado, es preciso recordar que a lo largo de la historia del
capitalismo los trabajadores generaron, mediante sus luchas reivindicativas, las organizaciones
sindicales como la herramienta idónea para mitigar la desigual relación con el capital. Bueno es
reparar, que se trató de luchas que llevaron a cabo los trabajadores para mejorar sus propias
condiciones de existencia pero que, al mismo tiempo, transformaron positivamente al conjunto
de la sociedad porque la hicieron más equitativa e igualitaria.
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La organización sindical fue el resultado de múltiples y heroicas batallas de la clase trabajadora
que estuvieron estrechamente vinculadas a la expansión de la producción industrial. Nuestro
país es un ejemplo de ese proceso y de cómo el avance en el grado de organización y de
sindicalización se potencian mutuamente, constituyéndose no solamente en un hecho simbólico
sino también en una “fuerza física” que modifica la realidad. Así, con el desarrollo de la
producción industrial y de la construcción durante la década de 1930, surgió la Federación
Obrera Nacional de la Construcción (1935) que fue seguida por organizaciones similares en la
producción textil, metalúrgica y alimentos que constituían las actividades dinámicas de aquellos
años. Este proceso se consolidó en 1945, durante el pre-peronismo, cuando se promulgó el
decreto 23.852 de asociaciones profesionales que les aseguró a los trabajadores desplegar un
papel relevante en la vida social a través de sus organizaciones.
En ese contexto, durante los primeros gobiernos peronistas no sólo se difundió la
sindicalización de los trabajadores en las distintas actividades económicas, sino que los
trabajadores forjaron una victoria de fundamental importancia, que consistió en institucionalizar
las comisiones internas en los lugares de trabajo, las cuales de allí en más se convirtieron en el
factor fundamental de la vida sindical. Sería un error entender que esta institución básica en el
mundo del trabajo fue una concesión del gobierno peronista y no una conquista de los
trabajadores obtenida a través de sus luchas por la conformación de su identidad como la clase
social que forja su destino y el de la sociedad.
Sobre el particular, la investigadora canadiense Louise M. Doyon en uno de sus trabajos sobre
el sindicalismo argentino, sostiene que: “Teniendo en cuenta la multiplicidad de funciones que
cumplen estas comisiones y las que de hecho cumplieron bajo el régimen peronista, su amplia
difusión puede ser vista como uno de los logros más importantes del movimiento obrero
argentino después de 1945. La relevancia de esta victoria puede apreciarse mejor si se
considera que esta aspiración básica no había sido satisfecha en la mayoría de los países
latinoamericanos. En la Argentina, la implantación de las comisiones internas fue resultado
directo de las presiones ejercidas por los obreros y por sus organizaciones y no se vio
beneficiada por un respaldo legal proveniente del régimen de asociaciones profesionales. El
código no hacía referencia explícita a las comisiones internas, aunque los sindicatos
argumentaban a favor de sus presencia directa en las plantas, basado en una vaga cláusula del
art. 49 que garantizaba a los obreros el derecho a elegir sus representantes, sin especificar el
nivel ni el tipo de funciones. Las debilidades de este respaldo legal permiten concluir que la
creación de estos cuerpos fue resultado de la directa imposición de los obreros y de sus líderes
sindicales” 8.
En efecto, las atribuciones de las comisiones internas fueron amplias y decisivas para la
conformación de la identidad de los trabajadores argentinos. Así, por ejemplo, las normas
establecidas en la constitución del sindicato metalúrgico en 1949 enumeran las siguientes: a)
presentación y su discusión con la patronal de todos los reclamos presentados por los obreros;
b) supervisión de la completa implementación de la legislación laboral, de los acuerdos
colectivos, de las normas de seguridad y del trato correcto de los supervisores hacia los
trabajadores y el adecuado funcionamiento de la maquinaria; c) colaboración en la disciplina de
la empresa y el mejoramiento de la planta; d) en el caso de faltas de disciplina, la consulta
previa de la patronal con la comisión y la probanza de la culpabilidad del obrero antes de
imponerle una sanción; e) goce de las comisiones de completa libertad de movimientos dentro
del lugar de trabajo (Estatutos de la Unión Obrera Metalúrgica, 1949).
8 Louise M. Doyon, “El crecimiento sindical bajo el peronismo”, Desarrollo Económico Nº 57, Buenos Aires, 1975.
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A fines de los primeros gobiernos peronistas, en 1954, los trabajadores asalariados urbanos
alcanzaban a 4.369.600 personas de los cuales 2.203.330 estaban agremiados, es decir el 50%
de los trabajadores ocupados en las diversas actividades económicas, salvo la producción
agropecuaria9. Además ese alto grado de sindicalización estaba acompañado en esos años por
una estructura sindical que reconocía a las comisiones internas como su alma mater. Sobre
esta base, fue que las organizaciones sindicales y las comisiones internas en particular fueron
una pieza irremplazable en las luchas populares contra las dictaduras que acompañaron la
profundización de la industrialización por sustitución de importaciones a partir de 1955. Ante
esas circunstancias, fueron decisivas para superar la fractura que implicó el surgimiento de la
“aristocracia obrera” vinculada a las producciones industriales más dinámicas de ese entonces
(automotriz, metalúrgica, petroquímica, etc.). Su existencia permitió que durante esos años se
plasmaran políticas decisivas para derrocar las dictaduras como lo ponen de manifiesto: Huerta
Grande, la CGT de los argentinos y la derrota definitiva de aquellas mediante el Cordobazo. Así
es como el movimiento popular a partir de 1964 logró mover el fiel de la balanza y obtener para
los asalariados una creciente participación en el ingreso, gracias a que el salario real evolucionó
por encima de la productividad del trabajo.
Prácticamente medio siglo más tarde, en 2005, todo parece indicar que rige una situación muy
distinta. En efecto, un trabajo realizado por el equipo de la Encuesta de Relaciones Laborales,
que tiene en cuenta 45.473 empresas en todo el país que ocupan 10 o más trabajadores y
cuentan 2.067.620 empleados privados registrados provee información tanto sobre el grado de
sindicalización como de la existencia de delegados en esos lugares de trabajo10. Los principales
resultados relacionados con la problemática en cuestión, constan en el Cuadro Nº 1, y son
alarmantes porque indican que únicamente el 37,2% de los trabajadores privados registrados
en el país están agremiados y que sólo el 12,4% de las empresas tiene por lo menos un
delegado. Es decir que la sindicalización es muy reducida y las comisiones internas están
prácticamente extinguidas.
No es desdeñable, tener en cuenta que la información complementaria del citado trabajo
permite afirmar que estos resultados globales sobre el grado de sindicalización para el conjunto
del país se replican, con sus más y sus menos pero sin modificaciones sustantivas, en todas los
aglomerados urbanos que se consideran (Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba,
Gran Mendoza y Gran Tucumán). Por el contrario, la existencia de delegados es sumamente
heterogénea según el tamaño de las firmas. Mientras que el 52,5% de las grandes firmas (con
más de 200 ocupados) tiene al menos un delegado, sólo el 7,5% de las empresas más
pequeñas (menos de 50 ocupados) cumplen ese requisito. Finalmente, en una situación
intermedia se encuentran las firmas que ocupan entre 50 y 200 personas, ya que el 27,7% de
ellas tiene al menos un delegado.
9 Respecto a la ocupación en 1954, consultar: CONADE-CEPAL, “Distribución del ingreso y cuentas nacionales en
la Argentina”, Buenos Aires, 1965. En relación a la cantidad de trabajadores, ver: Louise M. Doyon, “Perón y los
trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955”, Siglo Veintiuno Editora Iberoamericana, Buenos
Aires, 2006.
10 Específicamente se trata del siguiente estudio que fue presentado en el 7º Congreso Nacional de Estudios del
Trabajo, organizado por la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET): D. Trajtenberg,
F. Berhó, P. Attorresi y W. Lauphan, “Encuesta de relaciones laborales” Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, Buenos Aires, 2007.
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Cuadro Nº 1
Afiliación y representación sindical considerando los trabajadores registrados privados, 2005*
(en porcentajes)
Total de la muestra
Afiliación sindical (trabajadores)
Sin afiliados 62,8
Con afiliados 37,2
Total 100,0
Delegados sindicales (empresas)
Sin delegados 87,6
Con delegados 12,4
Total 100,0
* Estimación sobre una muestra que comprende 45.473 empresas con 10 o más trabajadores registrados y que en conjunto
ocupan 2.057.620 personas.
Fuente: Elaborado sobre la base de la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo
Esta endeble situación estructural de la clase trabajadora, se vuelve más comprometida aún si
se repara que el 37,2% de sindicalización corresponde únicamente a trabajadores registrados
del sector privado (“en blanco”), cuando en realidad los mismos son una parte minoritaria en la
estructura ocupacional actual. A los fines de tener una cuantificación de lo que esto significa, en
el Cuadro Nº 2 se expone la estructura de la ocupación en 2005 y dos estimaciones acerca del
grado de agremiación real teniendo en cuenta todos trabajadores ocupados.
Cuadro Nº 2
Estimación de los trabajadores sindicalizados e incidencia en la ocupación total, 2005
(en cantidad y porcentajes)
Trabajadores sindicalizados
Estimación 1 Estimación 2
Trabajadores
Ocupados
2005 Trabajadores
% del
total Trabajadores
% del
total
Total 9.444.456 1.917.885 20,3 2.324.985 24,6
Registrados privados 2.602.110 967.985 37,2 967.985 37,2
No registros privados 2.742.600 0 0,0 0 0,0
Empleados Públicos 1.357.000 949.900 70,0 1.357.000 100,0
Cuenta Propia 2.742.746 0 0,0 0 0,0
Fuente: Elaboración propia sobre información del INDEC y del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Efectivamente, las cifras oficiales indican que el 27,6% de los ocupados tienen la condición de
pertenecer al sector privado y ser registrados, exhibiendo mayor importancia los no registrados
y aquellos que trabajan por cuenta propia. Dado que los trabajadores que forman parte de las
dos últimas categorías por definición no tienen inserción gremial, resulta evidente que la
estimación del Ministerio de Trabajo no puede considerarse válida para el conjunto de los
trabajadores, porque se estaría sobrevaluando su alcance de una manera significativa, a pesar
de que por sí es muy reducida en términos históricos.
Con el propósito de tener una aproximación más ajustada a la realidad, se realizaron dos
estimaciones que difieren únicamente en los supuestos adoptados sobre la agremiación de los
empleados públicos. Ambas estimaciones consideran que están sindicalizados el 37,2% de los
registrados privados (porcentaje determinado por el Ministerio de Trabajo) y que no hay ningún
trabajador privado no registrado ni cuentapropista que se encuentre inscripto sindicalmente. La
Estimación 1 supone que el 70% de los empleados estatales están sindicalizados en 2005,
mientras que en la Estimación 2 se asume que la totalidad de ellos se encuentra en esas
condiciones, conjeturas ambas que son optimistas respecto a la realidad.
Bajo estas hipótesis, la sindicalización de los trabajadores en el país se ubicaría entre el 20% y
el 25% del total de los ocupados, cualquiera sea su condición laboral. Es decir, que en el mejor
de los casos los trabajadores con inserción gremial en la actualidad suman 2.324.985, cifra
similar a las que se registraba al final del segundo gobierno peronista (2.203.330 de
trabajadores) pero con la diferencia que ahora la ocupación es un poco más que el doble de
aquella época (9.444.456 contra 4.369.600 personas en 1954), siendo en consecuencia la tasa
de sindicalización la mitad de lo que era en esos años (25% contra 50% en 1954).
En consecuencia, tal como lo dice la Federación de Trabajadores de la Industria de la CTA, el
país se encuentra en una grave emergencia sindical por su bajo nivel de sindicalización y la
cuasi extinción de las comisiones internas. Proceso que se agudiza y deviene como un
fenómeno estructural por la existencia de una burocracia sindical preocupada por consolidar el
“sindicalismo empresario” sobre la base de los ingresos proveniente de los salarios y que, a su
vez, tiende a agravar la caída de la sindicalización porque los trabajadores son profundamente
escépticos, con razón, respecto a la posibilidad de avanzar con esos dirigentes.
Se trata de un fenómeno de gran importancia estructural porque implica mantener una inédita
desigualdad entre el capital y el trabajo, donde este último no tiene posibilidades de actuar en
defensa de sus intereses en los lugares de trabajo. También, porque conlleva implícitamente
mantener las fracturas existentes entre los trabajadores que necesariamente tendrían que
morigerarse ante un avance en el grado de sindicalización. Porque, finalmente, al reducirse la
desocupación, la única vía para mejorar la participación de los trabajadores en el ingreso es el
incremento del salario real por encima de la productividad del trabajo, para lo cual las
negociaciones tienen que realizarse con algún grado de equivalencia entre las partes, aunque
sabemos que no entre iguales, en tanto el capitalismo se sustenta básicamente en la existencia
de dominadores y dominados.


Fuente: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica www.14 geopolitica.ws