los Hidrocarburos en la Argentina
Breve Historia y Presente
Federico Bernal
CLICET
Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas:
http://www.cienciayenergia.com/
Neoliberalismo y provincialización
En la década del noventa y primeros años del nuevo siglo, el programa
político y socioeconómico del neoliberalismo argentino fue ejecutado sin
contemplaciones. Entre las principales medidas aplicadas a partir de 1989,
recordamos: se estableció la igualdad de tratamiento al capital nacional y
extranjero, dictándose las normas reglamentarias tendientes a facilitar la
remisión de utilidades. Se derogó el requerimiento de la previa autorización
del Poder Ejecutivo Nacional para las inversiones de capitales extranjeros
en el país. Se desregularon los principales mercados agropecuarios, la
disolución de los organismos de control y regulación de mercados y juntas
concentradoras, sumado todo a la suspensión y eliminación de los regímenes
de promoción industrial y los subsidios a las exportaciones. En materia de
comercio exterior, paralelamente a la drástica caída de los aranceles de
importación, se encaró un profundo proceso de apertura externa con el fin de
desmantelar el modelo de sustitución de exportaciones. Y para coronar la
obra destructiva, privatización-desnacionalización masiva de ferrocarriles,
teléfonos, aerolíneas, puertos, caminos, transporte marítimo, obras
sanitarias, talleres navales, fabricaciones militares, finanzas, acero,
electricidad, petroquímica e hidrocarburos.
En relación a estos últimos, el programa de privatización y aniquilación del
Estado como gestor, contralor y planificador del sector comienza en 1989 con
las Leyes nacionales 16.696 (de Reforma del Estado), 16.697 (de Emergencia
Económica) y decretos 1.055, 1.589 y 1.212. Prosigue con la conversión de
YPF en sociedad anónima y la fijación de un cronograma de privatizaciones
para el sector, para ceñirse en 1992 con las Leyes 24.076 (Privatización de
Gas del Estado) y 24.145 (Privatización de YPF SA y Federalización de los
yacimientos de hidrocarburos). No obstante haber privatizado las dos
empresas claves del sector, el programa petrolero neoliberal hubiera quedado
inconcluso sin la reforma a la Constitución Nacional en 1994 y la inserción
del artículo 124 que sustenta el aspecto "federal" del dominio jurídico de
los hidrocarburos.
Con la privatización periférica, el endeudamiento y saboteo de YPF conducido
por Martínez de Hoz a partir de 1976, se avanzó radicalmente hacia la
destrucción del sector hidrocarburífero nacional. Carlos Menem dio el golpe
de gracia al ahondar la política del ministro civil de Videla, erigiendo su
sustento jurídico-constitucional y provincializando el recurso. De esta
suerte, el programa neoliberal petrolero quedaría instituido. Sus dos
pilares: 1) aniquilación del Estado (desestatización) y 2) provincialización
(descentralización-desnacionalización) de los recursos naturales e
instrumentos socioeconómicos vitales al desarrollo industrial.
La lección histórica devenida del peor golpe jamás recibido por el
liberalismo argentino, la unificación nacional en 1880, había sido
asimilada. Diezmar al país era cuestión de combinar la demolición del
Estado, la disgregación nacional y la pauperización del interior.
Federalismo de masas y Federalismo de opereta
Frente al fracaso de las tendencias político-ideológicas de Mariano Moreno y
Manuel Belgrano, el monopolio del Rey fue reemplazado por el de la
oligarquía porteña. Así comenzó la escisión de Buenos Aires del resto de las
provincias, escisión que para subsistir y prosperar, requirió enajenar la
riqueza nacional a través del control de la aduana. El partido político de
esa oligarquía estaba constituido por comerciantes e importadores (apoyados
a su vez por los ganaderos) e interesada en el tráfico con Inglaterra y con
el comercio exterior en general. Su más ilustre representante, Bernardino
Rivadavia, será el auténtico fundador del partido unitario y precursor del
mitrismo. Fue entonces en oposición a éste que emergió el verdadero
federalismo, precisamente como la expresión y el accionar contrarios al
despojo de la riqueza argentina por una sola provincia (la de Buenos Aires).
En su lugar, propuso su redistribución equitativa entre todas las provincias
confederadas, esto es, entre las masas excluidas y despojadas del interior.
Si el federalismo (de masas) nació justamente en respuesta al unitarismo
porteño, invocarlo como mecanismo para la apropiación provincial de un
determinado recurso resulta al menos tan absurdo como cínico. Que los
hidrocarburos queden en manos exclusivas de la provincia que los contiene
(provincialización), como lo hizo la Buenos Aires del siglo XIX con la
aduana, es hacer federalismo de opereta, es contribuir a la desintegración
territorial y al equívoco de creer que federalismo consiste en el derecho de
cualquier gobernador a contraer empréstitos extranjeros, enajenar el
subsuelo o hacer de su territorio un feudo inexpugnable.
Avalar esta última posición implica adherirse al modelo de país
Unitario-Neoliberal, históricamente opuesto a la industrialización, al
nacionalismo democrático y a la participación del Estado como motor
indiscutible del desarrollo socioeconómico colectivo (modelo
Federal-Nacional ). En este sentido, quizás resulte clarificador observar la
genealogía jurídico-constitucional de uno y otro:
Cuadro Nº1
Genealogía jurídico-constitucional
Modelo Unitario - Neoliberal
Modelo Federal - Nacional
(Provincialización)
(Nacionalización)
------------------------------------------------ --------------------------------------------------
* Constitución Nacional (CN)
* Código de Minería (CM) de 1863
de 1853/60 (artículo 104)
* Reformas al CM de 1886
* CM de 1886
(Proyecto Melo-Moreno, 1916)
* 12.161 de 1935
* Proyecto de Ley de 1927
(yrigoyenismo)
* Leyes de Emergencia Económica y
Reforma del Estado + decretos (1989)
* CN de 1949 (artículo 40)
* Ley de Federalización y
* Ley 14.773 de 1958
Privatización de YPF SA (1992)
* Ley 17.319 de 1967
* Reforma CN de
--------------------------------------
(artículos 121 y 124)
* Decreto 546 de 2003
* Ley 26.154 de 2006
* Ley 26.197 de 2007
------------------------------
Estudiar dialécticamente el antagonismo entre provincialización y
nacionalización permite descubrir sus influjos histórico-políticos,
antagónicos aunque concurrentes desde 1810. Como se advierte del cuadro, se
subrayaron especialmente la reforma de 1994 y las constituciones de 1853 y
1949, pues sintetizan la plataforma ideológica propia de cada modelo. Por
ejemplo, existe una clara coincidencia entre el Código de Minería (CM) de
1886, el preámbulo de la Constitución de 1853 y la reforma de 1994.
El CM prohibía al Estado explotar o disponer de las minas, definición
presente en la constitución de 1853 que como coherentemente señala Guillermo
M. Yeatts [1]: "logró sentar las bases para el crecimiento económico creando
instituciones fundamentales[.] La propiedad privada, la seguridad de las
personas, los límites impuestos a la actividad gubernamental, la libertad de
comercio y la supresión de aduanas constituyeron poderosas instituciones que
estimularon la actividad adormecida por siglos de legislación colonial". A
propósito, Yeatts cita una muy ilustrativa frase de Roberto T. Alemann: "la
sanción de la CN de 1853 es de por sí definitoria de un cambio de rumbo en
la política económica; atrás queda la restauración del ideario colonial, el
país se organiza como Estado federal y se abre generoso al mundo
civilizado[.]". Por su parte, Antonio Hernández, convencional constituyente
de la reforma de 1994 y presidente honorario de la Asociación Argentina de
Derecho Constitucional, apunta en su trabajo El Federalismo a diez años de
la Reforma Constitucional de 1994 que: "[.]el agudo proceso de
centralización que sufrió el país, tuvo como uno de sus aspectos más
negativos, el avance del gobierno nacional sobre el dominio de los recursos
naturales de las provincias". Para el neoliberalismo argentino, fiel
heredero del mitrismo, la centralización (léase unificación nacional) y la
actividad gubernamental fueron y son aspectos negativos al normal
desenvolvimiento de la república.
Se comprende así la inclinación de esta gente culta por el federalismo de
opereta y la privatización de los noventa. Si bien el gobierno menemista
arruinó social y económicamente a la Argentina toda, el interior del país
fue desvastado sin misericordia. Entonces, la previsible oposición de las
masas no se hizo esperar. Renació el auténtico federalismo como reacción
espontánea al mitrismo de fines del siglo XX, que trocando caballos y lanzas
por neumáticos y palos, alzó herido la voz del nacionalismo popular. Las
montoneras de Tartagal y General Mosconi, entre otras, fueron el único freno
a la privatización de YPF. Pero sus decenas de miles de desocupados pasaban
desapercibidos por los convencionales de 1994, que como Hernández, veían en
la reformada constitución "una contundente expresión del fortalecimiento del
federalismo argentino" y una derrota definitiva del artículo 40 de la CN de
1949 que había "constitucionalizado el despojo [de los recursos
provinciales]".
Para la cultura mitrista, los despidos masivos, el cierre a gran escala de
las empresas estatales, el aislamiento y desvanecimiento del interior, lejos
de constituir un despojo significó el fortalecimiento del federalismo.
Defensores de un modelo perfectamente definido, volcaron el espíritu
secesionista y liberal de la CN de 1853 a la reforma del ´94, reforma que
"legalizó" el programa privatizador y provincializador. En efecto, el
artículo 104 de la primera es exactamente igual al 121 de la segunda. El
texto común expresa: "Las provincias conservan todo el poder no delegado por
esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan
reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación". Semejante
obsequio a las provincias irá acompañado de una recompensa histórica a la
opulenta ciudad capital. Con la reforma se fundó la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, rememorando los objetivos segregacionistas de la primera
Constitución bonaerense de 1854 que definía a Buenos Aires como "un Estado
con libre ejercicio de su soberanía interior y exterior, mientras no delegue
expresamente en un gobierno federal".[2]
Así pasamos del modelo Unitario-Neoliberal de los Yeatts, Alemann,
Hernández, Martínez de Hoz, Roberto Dromi, [3] Menem, etc. al modelo
representado por la CN de 1949 y su artículo 40, del cual se abastecerán en
su concepto sobre la propiedad nacional (nacionalización) de los recursos
naturales estratégicos, las leyes de 1958 y 1967. Como señaló Carlos Tagle
Achával: "La Constitución de 1949 implicaba una concepción sobre la
actividad privada y la del Estado, en el campo económico, totalmente
diferente y de sentido más progresista que la de 1853". Arturo Sampay, padre
de dicha constitución, refiriéndose a ella expresó: "La llamada
nacionalización de los servicios públicos y de las riquezas básicas de la
colectividad, además de haber sido aconsejada por razones políticas, como la
seguridad del Estado, y por consideraciones económicas, como el
acrecentamiento de la producción de esas riquezas -ya que para hacerlas
rendir un máximo la técnica moderna exige una orientación colectiva y
amplia, sólo posible en manos del Estado-, ha sido movida también por la
necesidad de convertirlos en instrumentos de la reforma social. Porque la
nacionalización o estatización de los servicios públicos -que es lo mismo-,
al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión,
permite fijar el precio y la distribución del servicio, no en procura del
lucro privado, sino por criterios de utilidad social[.]". [4]
En suma, reconocer la contradicción entre los dos modelos referidos y
extrapolarla a la disyuntiva provincialización - nacionalización, permite:
1) distinguir la ideología política, el concepto y rol del Estado afines a
cada una; 2) recuperar la noción de "federalismo" al quitarle la pátina
liberal progresista, atribuyéndole un origen histórico definido y una
política económica propia: la de asegurar el desenvolvimiento regional a
través de la participación del Estado empresario y garante de la justicia
social.
De cómo el federalismo cambió de protagonistas y objetivos
En 1862 el Poder Ejecutivo encomendó al político y diputado de minas
sanjuanino Juan Domingo de Oro la redacción y elaboración del Código de
Minería. Oro atribuyó la propiedad de las minas a la Nación, no importara el
territorio en que se encontrasen. Dicho proyecto, presentado a la comisión
revisora en 1863, no fue tratado en el Congreso y quedó aplazado como
consecuencia de la oposición de las provincias.
La objeción no se explicaba por cuestiones de federalismo, sino por décadas
de desconfianza de los caudillos provinciales hacia la Buenos Aires
unitaria. Cabe recordar que coincidentemente a la elaboración del CM, el
Gobierno Federal de Mitre -haciéndose eco de las recomendaciones
sarmientistas de "no economizar sangre de gauchos" y de "quemar
ordenadamente todos los edificios públicos de Paraná"-,[5] endeudaba al país
con empréstitos de la banca londinense, abría las puertas de la aduana a las
importaciones masivas de manufacturas y a los capitales extranjeros,
eliminando cualquier posibilidad de desarrollo regional. Mientras tanto,
Velez Sarfield, padre del Código Civil de 1864, declaraba el principio
rector de la política del gobierno: "Buenos Aires es piedra fundamental
sobre la cual se construirá la nacionalidad argentina en todas sus
relaciones interiores y exteriores".[6]
La irresolución del enfrentamiento gobierno nacional - provincias trasladada
al plano minero demoró una década la redacción del CM, aunque siempre con la
condición de que al retomarlo se efectúe sobre la base de Oro pero "debiendo
tenerse en consideración que las minas son bienes privados de la nación o de
las provincias, según el territorio en que se encontraren." Finalmente, el
CM es reformado en 1886; la provincialización del recurso y la prohibición
del Estado a explotarlo o disponer de las minas, sus puntos sobresalientes.
Habrán de transcurrir casi veinte años para que el descubridor del petróleo
en la Argentina, el Ing. Enrique Hermitte, propusiera desde 1905 las
primeras reformas al CM. Apenas dos años antes del hallazgo, se logró la
incorporación de la Ley de Tierras y con ella la habilitación estatal para
crear reservas fiscales y explotar los yacimientos por descubrir.
Si las reformas de Hermitte al CM fueron incorporadas con éxito, los
próximos intentos tendientes a profundizar la intervención estatal y la
nacionalización de los recursos chocará de bruces con una barrera
infranqueable. En efecto, entre 1907 y 1922, una sucesión de acontecimientos
trascendentales agudizaron la división provincialización - nacionalización:
el descubrimiento del petróleo por el Estado en 1907, la creación de
reservas fiscales alrededor de los yacimientos, la inauguración de la
explotación estatal bajo la Dirección de Explotación de Comodoro Rivadavia
en 1910 (antecedente directo de YPF) y la asunción del primer gobierno
popular del siglo XX en 1916. Es durante este lapso histórico cuando el
concepto de federalismo esgrimido por las elites provinciales del interior,
en connivencia con el capital extranjero y con ciertas facciones liberales
porteñas, renuncia a su sentido original. Las clases sociales y los
objetivos detrás del federalismo habían cambiado.
Casi un siglo de postración, prácticamente nulo desarrollo de las fuerzas
productivas y la falta una economía convergente hacia un centro interior
fundado en la producción capitalista industrial, engendró en ciertas
provincias (sobre todo del noroeste) oligarquías exportadoras contrarias a
la unificación nacional. Nada les importaba a sus referentes incorporarse a
un mercado centralizado, mucho menos comandado por un gobierno como el
yrigoyenista, pues ello implicaba perder los resortes económicos que los
alternaba indefinidamente en el poder. Por tanto, la autonomía provincial y
el freno al creciente intervencionismo estatal a través de la alianza con el
capital extranjero y privado serán sus más preciadas armas opositoras.
La aparición de YPF a partir de 1922 bajo la dirección de Enrique Mosconi y
Alonso Baldrich, agudizó el enfrentamiento Nación-provincias a extremos
inéditos. Los gobernadores antipersonalistas de Salta y Jujuy prohibieron el
ingreso de la petrolera estatal en sus respectivas provincias, favoreciendo
directamente a las firmas Standard Oil y Anglo Persian. Como sintetiza
magníficamente Yeatts: "una vez más, el único freno a la política
estatizante fue el federalismo. Una vez más, durante los debates
parlamentarios de 1927 y 1928, en los que se discutió y dio media sanción al
proyecto del monopolio petrolero estatal, se repite la existencia de la
aproximación entre empresas privadas y elites provinciales, que juntas
levantaron las banderas del federalismo y de la defensa de los derechos
constitucionales provinciales".
Esta combinación de antiestatismo y provincialización, sostenida a ultranza
por las provincias y las transnacionales de turno, constituye el cimiento de
la política hidrocarburífera neoliberal histórica y contemporánea.
El objetivo oculto de la provincialización
Es la propiedad pública del subsuelo (derivada del sistema regalista
español) lo que habilita la intervención del Estado, y por ende, su
accionar: estatizar y centralizar recursos y mercado. La intervención del
Estado en un país federal promueve la unificación de la Nación.
En consecuencia, se puede afirmar que ha sido la herencia española la que
actuó como freno histórico a la privatización del subsuelo. Sin embargo,
producto del igualmente heredado atraso del sistema mercantilista español y
de la victoria relativa del mitrismo durante el siglo XIX (a pesar de la
unificación de 1880) las provincias se constituyeron en enclaves
desconectados entre sí, sin un mercado unificado que las contuviera y
controlara.
Resuelto como siempre y descartando de plano la privatización del subsuelo,
el liberalismo argentino supo aprovechar esa debilidad. Trasladó la
discusión sobre la conveniencia de la propiedad pública o privada del
subsuelo a cuál de los dos ámbitos del Estado le correspondía su dominio, si
a la nación o a las provincias. ¿Por qué? Pues porque a diferencia del
régimen de tierras, donde el propietario de la superficie constituye un
contrapeso más que poderoso frente al avance de una eventual
nacionalización, en el régimen de subsuelos -al no existir propietarios
interesados en frenar dicho avance-, resultaba perentorio inventar una
barrera lo suficientemente poderosa como para neutralizar al enemigo número
uno, el Estado Nacional.
Con tal de no ver amenazada su supervivencia, las oligarquías nativas o
burguesías comerciales tomarían la posta como obstáculo natural al
aborrecible centralismo. La unidad en un frente común de intereses entre el
capital privado, los grandes terratenientes nativos y la clase dominante
(las más de las veces funcionarios directos o indirectos a través de lazos
familiares) harían las veces de pseudo-propietarios privados, de montoneras
unitarias contra la amenaza del gobierno central.
En otras palabras, la provincialización no sólo es y ha sido la instancia
más próxima a la privatización del subsuelo, sino que significa una
privatización encubierta. Esta aseveración resulta irrefutable a la luz de
dos hechos: 1) cada vez que pasó por la Casa Rosada un gobierno democrático
y popular, las oligarquías provinciales (incluida la porteña) alzaban el
sofisma de la federalización para debilitar la acción unificadora y
estatizadora del gobierno; 2) la transferencia de la renta hidrocarburífera
del Estado al sector privado en los noventa primero pasó por la
provincialización de los activos de YPF.[7] No sólo eso, sino que para
consumar la privatización se debió entregar la propiedad de los
hidrocarburos a las provincias. En este sentido, nadie mejor que Daniel
Montamat para sintetizar semejante fraude: "la necesidad de lograr las
mayorías legislativas para aprobar la privatización de la petrolera estatal
llevó al gobierno a conciliar sus intereses respecto de YPF con la histórica
reivindicación de los Estados [8] hidrocarburíferos sobre la propiedad de
los yacimientos. Así surge la ley 24.145 de federalización de los
hidrocarburos y privatización de YPF".[9]
Actualidad
El 3 de enero de 2007 se promulgó la Ley 26.197 que legitima el artículo 1
de la ley de Privatización de YPF SE y Federalización de los yacimientos de
hidrocarburos. De ahora en adelante "los yacimientos de hidrocarburos
líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en
su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e
imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el
ámbito territorial en que se encuentren".
Las provincias asumen en forma plena el ejercicio del dominio originario y
la administración (Autoridad de Aplicación) sobre los yacimientos presentes
en sus territorios. Estarán además facultadas para ejercer en forma plena e
independiente las actividades de control y fiscalización de las concesiones
o contratos de exploración y/o explotación; exigir el cumplimiento de las
obligaciones legales y/o contractuales en materia de inversiones,
explotación racional de los recursos, información y pago de cánones y
regalías; disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales; y
aplicar sanciones de multa, caducidad, etc. conforme el régimen previsto en
la Ley 17.319.
Sin hallar parangón en el mundo, en la Argentina se desplazó al Estado
Nacional como propietario del dominio original y útil de los hidrocarburos,
como autoridad concedente, controladora, fiscalizadora y policial.
La política petrolera argentina depende de Tierra del Fuego, Chubut, Santa
Cruz, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Formosa, Salta y Jujuy,
provincias cuya población representa menos del 15% del país (INDEC Censo
Nacional de 2001). Las diez cuentan con regímenes jurídicos y la mayoría con
empresas de hidrocarburos propias; todas se congregan en una Organización
Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI),
Las provincias mencionadas se encuentran en estadios avanzados de
negociaciones, licitaciones y prórrogas de las áreas revertidas por el
decreto 546/2003, las concesiones otorgadas durante el menemismo y nuevos
bloques. Los pliegos permitirán a las operadoras extraer hidrocarburos hasta
agotamiento definitivo de los yacimientos, sin importar los márgenes que
deje a la provincia o al Estado nacional, ni quién los extraiga ni por
cuánto tiempo, pues las elites provinciales ganan cuando ganan las
operadoras (el win-win tan promocionado por los gurúes del marketing
internacional).
La política depredadora de los noventa recibe nuevo impulso. Nada importa a
los miembros de la OFEPHI que el país reciba la más retrógrada participación
de la renta hidrocarburífera del globo (36%); tampoco incomoda que las
empresas liquiden en el exterior el 70% de las divisas por exportación;
mucho menos que se exporte petróleo y gas natural a sabiendas del escaso y
difícilmente reversible horizonte de 7 años de reservas. Ni siquiera les
preocupa incrementar sus ingresos: ¿subir las regalías (las más bajas de la
región) del 12 al 50% (promedio regional)? ¿invitar a ENARSA para juntos
alcanzar mejores acuerdos con las operadoras? ¿optimizar el federalismo?.
En este sentido, por ser la concesión de mayor extracción de crudo del
país -participó en diciembre de 2006 con un 13,78% y 5% de la producción
nacional de petróleo y gas natural, respectivamente (IAPG)-, y de contener
aproximadamente un tercio de las reservas comprobadas de petróleo
nacionales, no puede dejar de mencionarse la reciente prórroga de la
concesión Anticlinal Grande-Cerro Dragón (Chubut) a la empresa PanAmerican
Energy (PAE) (40% Bulgheroni y 60% de la inglesa BP) hasta el 2047. ¿Sabía o
no sabía la legislatura chubutense que su titular no realizó inversiones de
capital de riesgo en exploración en los últimos cinco años? ¿Sabe o
desconoce que esta falta es causal de caducidad por incumplimiento de la ley
17.319? De la misma manera, ¿sabrá Néstor Kirchner que puede anular la
prórroga por decreto, pidiendo a posteriori la caducidad de la concesión y
otorgándola (también por decreto) a ENARSA, sin violar la Ley 26.197? ¿Sabrá
el presidente que las reservas de esta concesión equivalen a casi la tercera
parte de las reservas certificadas del país? ¿Sabrá el presidente que el
potencial del valor del área citada equivale a unos 23 mil 686 millones de
dólares (según reservas probadas a US$ 58 el barril WTI, promedio para el
primer trimestre de 2007).
Dada la actual coyuntura, poco interesa si las concesiones las otorga la
provincia o la Nación, mientras no se abandone de cuajo la política
petrolera neoliberal. Al respecto, vale la pena destacar la opinión de José
Alfredo Martínez de Hoz, mientras se desempeñaba como ministro de economía
de la provincia de Salta (1956-1957): "El 22 de agosto de 1956 los
interventores federales de cinco provincias productoras de petróleo firmaron
una declaración en cuyo primer punto afirmaban que <
les corresponde establecer las condiciones de su aprovechamiento, dentro del
marco de la Constitución y las leyes>>".
Conclusiones
La Argentina es el único país del mundo que provincializó sus recursos
petroleros. Ni en Rusia o México -por nombrar dos países petroleros con
superficies mayores a la de la argentina- o Brasil, se da el caso
legislaciones o empresas provinciales de hidrocarburos o energía. Ni
siquiera en EEUU los Estados productores cuentan con legislaciones propias.
La provincialización en la Argentina marcha irresponsablemente a contramano
de la tendencia mundial orientada hacia la fusión y centralización de las
compañías petroleras y energéticas (estatales y privadas), la aglutinación
de naciones en bloques culturales, político-económicos y hasta militares,
movilizadas fundamentalmente por factores geopolíticos energéticos. Entre
los ejemplos que se destacan vale recordar que Francia evalúa unir su
empresa estatal Gaz de France con la estatal argelina Sonatrach para la
provisión asegurada de gas natural; la inglesa BP y la rusa Gazprom estudian
fusionarse para vender gas natural licuado al mundo. China, Rusia e India
consolidan el bloque asiático de la Organización de Cooperación de Shangai,
basándose en la complementación de sus recursos energéticos, etc.
En cambio, la Argentina viene pariendo desde 1999 a razón de una nueva
empresa provincial por año, con el expreso fin de sacar una migaja de la
renta y negociar con monstruos internacionales lo poco que nos resta de
hidrocarburos. Y lo que es más grave aún, la provincialización en la
Argentina también marcha a contramano del proceso de unificación política y
energética en Sudamérica.
La provincialización logró además remover al país de la mesa de
negociaciones, colocando en su lugar a provincias que nada pueden hacer ante
la opulencia de ingresos y ganancias de las compañías. No sólo eso, sino que
comparativamente con la Nación (y las operadoras), sus magros productos
brutos geográficos, su escasa población y posibilidades físicas de
crecimiento y desarrollo económico auto-limitan sus argumentos a la hora de
solicitar mejores condiciones o mayores porcentajes de la renta.
País o Provincia / PBI (nominal) o PBG Ganancias
(2006) Población / Empleados (2006)
Compañías / Ingresos (millones de U$S) (millones
de U$S)
Exxon Mobil 328.312
36.130 106.400
Royal Dutch Shell 306.731
25.618 112.000
BP 249.465
22.157 115.000
Argentina
2 -
39.921.833
Total 149.264
14.940 111.000 ***
ConocoPhillips 162.405
13.640 38.000
PetroChina Co. 68.411
16.521 439.220
Chevron Corp. 184.922
14.099 59.000
Petrobras 60.929
10.582 50.000
Repsol YPF * 58.460
3.798 30.000
Mendoza 20.822
- 1.579.651 *-*
Neuquén 4.845
- 474.155
Chubut 3.185
- 455.607
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por Standard &
Poors, 20/07/06. United Nations World Population Prospects 2006 revision,
Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database 2007.
* Puesto Nº16. Platts 2006 Top 250 Global Energy Companies.
** PGB según 2005 a valores corrientes. Dirección de Estadísticas y Censos
provinciales.
*** Según año 2004.
*-* Censo 2001
La provincialización conlleva además un anacronismo histórico sumamente
perjudicial a la integridad nacional. Se verá de las manifestaciones
expuestas a continuación el traslucir de una tibia posición de corte
segregacionista, antidemocrática y en exceso neoliberal.
Tomemos como ejemplo las declaraciones emitidas el año pasado por el
secretario de Estado de Energía y Minería de Neuquén, Eduardo Carbajo,
referidas a la ausencia de su provincia en las reuniones de la OFEPHI y a la
problemática de las regalías neuquinas. En relación a la primera expresó:
"no asistimos porque consideramos que este organismo funciona en los últimos
tiempos como un apéndice del gobierno nacional[.]". Sobre la segunda: "los
neuquinos cobramos en concepto de regalías de todo el petróleo que se va de
este territorio el 12% de los 41 dólares que impuso Nación en el mercado
interno, y no de 75 ó 76 dólares como lo marcan los precios internacionales".
A lo que agregó: "[.]no podemos dejarlo pasar, porque sabemos de las
pérdidas millonarias que esto traería para el país y para las futuras
generaciones de neuquinos y argentinos". [10]
En igual dirección, valiéndose de un acto en Plaza Huincul dedicado a la
presentación del plan de inversión de Repsol YPF para el próximo trienio, el
ex gobernador de la provincia Jorge Sobisch manifestó su decisión de ampliar
las concesiones de los contratos a las empresas petroleras "siempre y cuando
garanticen el flujo de inversiones que la provincia del Neuquén necesita
para su desarrollo". Aprovechó luego la ocasión para dirigirse al gobierno
nacional: "ENARSA puede venir o no a la cuenca neuquina. Esta es una
decisión que tomará la provincia". El ex mandatario indicó además que "si el
gobierno tuviera intenciones de hacer asociaciones con empresas de petróleo,
la provincia ya tiene a Hidrocarburos del Neuquén Sociedad Anónima
(Hidenesa), creada muchísimo antes que ENARSA".[11] A propósito de Hidenesa
comentó: "Hemos transferido las áreas marginales, los contratos vencidos y
por vencer a Hidenesa, para que sea una empresa provincial y no una empresa
nacional la que maneje nuestros activos hidrocarburíferos".[12]
En relación a la política de integración energética regional, Sobisch dedicó
una abundante y regular producción periodística al presidente Morales y al
"nuevo dictador americano [Chávez] y su amenaza sobre la soberanía
energética de Argentina" (Neuquén Hoy - 11/1/07 / Diario La Nación -
15/01/07). Para él, los acuerdos energéticos suscriptos con Bolivia y
Venezuela son contrarios al interés nacional por haber sido suscriptos
justamente con competidores comerciales. de su provincia. (Neuquén Hoy -
5/4/06). A propósito y para despejar cualquier duda sobre su posición,
declaró: "Argentina consume 140 millones de metros cúbicos de gas por día,
75 lo produce Neuquén mientras que Bolivia produce 30 millones, ni la mitad
que nuestra provincia. Lo de Bolivia es un disparate y no se han hecho las
inversiones".[13]
De ambos funcionarios se advierte: 1) una clara desvinculación entre lo
neuquino y lo argentino. Lo neuquino pasa a ser lo nacional; 2) unitarismo
neuquino: lo nacional se subordina al interés de la clase dirigente; 3)
exclusión economicista;[14] 3) absoluta conformidad con los intereses de las
empresas operadoras, desatendiendo el verdadero interés provincial y
nacional;[15] 4) freno unilateral a la participación de la empresa nacional
de energía ENARSA; 5) oposición al proceso de unidad energética en
Sudamérica, a la diversificación de proveedores, con el agravante de elevar
a Neuquén al status de país como Bolivia y Venezuela, declarados
competidores de la primera.
Al margen del correcto empleo del concepto de federalismo, la contradicción
entre provincias y Estado nacional refleja la irresolución de uno de los
aspectos fundamentales del problema argentino: su desarrollo desigual y
falta de cohesión, legados de nuestra condición semicolonial y de la
balcanización latinoamericana del siglo XIX.
Sólo partiendo de un auténtico federalismo se podrá superar la marginación y
la pobreza de las provincias (incluyendo las de Buenos Aires) diezmadas por
el federalismo de opereta. Pues es el federalismo popular el único capaz de
hacerlo, el único capaz de fortalecer el país contribuyendo paralelamente al
forjamiento de la unidad latinoamericana.
[1] El Robo del Subsuelo. Ediciones Theoría, Buenos Aires. 1996.
El título del libro resume su tesis: el Estado robó el subsuelo a la
propiedad privada. NA
[2] A. J. Pérez Amuchástegui. Página 45, Tomo 4. Crónica Argentina.
Editorial Codex. Buenos Aires. 1972.
[3] Ver artículo de Martínez de Hoz "El petróleo y las fuentes naturales de
energía frente a la reforma constitucional", citado por Mariano Ramírez en
Petróleo, Política, Legislación y Doctrina. Ediciones Jurídicas Cuyo,
Mendoza, 2003. El autor también menciona la posición provincialista del
gerenciador de las privatizaciones de los noventa, Roberto Dromi, expuesta
en su artículo "Nación y provincias ante el régimen de hidrocarburos".
[4] Arturo E. Sampay, Diario de Sesiones de la Convención Nacional
Constituyente, año 1949, 24 de enero-16 de marzo, Tomo I, Debates y Sanción,
Buenos Aires, 1949.
[5] Carta de Domingo F. Sarmiento a Bartolomé Mitre, septiembre de 1861.
[6] Más Allá de la Crónica "Marcha y Tropiezos", en Pérez Amuchástegui. Obra
Citada.
[7] 2010, ¿Odisea Energética? Petróleo y Crisis. Ricardo A. De Dicco.
Capital Intelectual. Buenos Aires, 2006.
[8] Estados = provincias. El subrayado es nuestro.
[9] Página 47. La Energía Argentina. Daniel Montamat. Editorial El Ateneo.
Buenos Aires, Marzo de 2007.
[10] Servicio Oficial de Noticias - Neuquén Hoy. 9 de Agosto de 2006.
[11] Ibidem. 10 de Octubre de 2006.
[12] Discurso durante la apertura del XXXV Período de Sesiones Ordinarias de
la Legislatura Provincial. 1 de Mayo de 2006.
[13]
http://arnews.wordpress.com/2007/06/29/sobisch-hablo-sobre-la-crisis-energetica
[14] En la provincia que extrajo en diciembre de 2006 el 51% y 25% de la
producción nacional de gas natural y petróleo, respectivamente (IAPG), las
inversiones garantizadas por las empresas deberían satisfacer las demandas
locales como también las de aquellas que carecen de petróleo, y muy
especialmente, las de las más pobres.
[15] Los precios del barril de petróleo para el mercado interno deben
ajustarse a los costos de producción internos de aproximadamente 5 dólares
el barril.