Se crispa la polémica por el control de los medios

Se crispa la polémica por el control de los medios
¿Qué se entiende por libertad de información y qué por derecho ciudadano a la información de calidad? E. Blaustein. Opinan Kaufman y Barone.
Para cubrir la “noticia” TN apeló, por vía oral y videograph, a las ideas de mordaza y de censura. La Nación habló el lunes de “temor a una nueva ofensiva contra la libertad de prensa”. ADEPA publicó una solicitada alertando sobre la pretensión gubernamental de “controlar al periodismo para adocenarlo”. Todas estas alertas de amarillo a rojo se encendieron en automático a partir de un par de movidas públicas. La primera, cuando Cristina Kirchner citó –usó– un pronunciamiento de la facultad de Ciencias Sociales cuestionando el perfil de la cobertura que hicieron los medios de comunicación, particularmente intervenciones de tipo discriminatorio. La segunda, cuando se anunció que la carrera de Comunicación Social articulará su producción académica con la que surja del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión –cuyo origen data no de estos días sino del 2005– con el COMFER y el INADI, para poner en discusión social la comisión de actos discriminatorios. La Nación y el grupo Clarín hicieron una lectura muy particular del rol que tendrá el Observatorio, un tipo de iniciativa que está mucho más desarrollada en diversos países del mundo en que organizaciones no gubernamentales opinan, median o intervienen libre y públicamente en lo que los medios producen.

Desde la década del 90 existe una Red Latinoamericana de Observatorios de Medios generados desde universidades, organizaciones sociales y desde los propios periodistas. En Perú, en el Reino Unido, en EEUU con la FCC de los Estados Unidos, en Canadá, en Chile, las experiencias de mediación e intervención son diversas. En Perú, la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social se define como “un movimiento ciudadano, sociocultural y democrático” cuyo objetivo es “promover el mejoramiento de los medios de comunicación desde la crítica y la propuesta ciudadana”.

Desde 1973, en Québec, Canadá existe un Consejo de Prensa independiente del gobierno dedicado a la protección de la libertad de prensa pero también a la defensa del derecho del público a una información de calidad. El organismo está conformado por periodistas, representantes de las empresas y del público. Sus resoluciones no necesariamente tienen alguna derivación judicial o coercitiva, “pero el rigor de sus intervenciones, así como la confianza y el apoyo de los medios y el público le confieren una autoridad innegable”, dicen desde el propio Consejo. En la página web se destaca un link bien visible para que el público denuncie atentados contra la libertad y el derecho a la información: inexactitudes, falta de equilibrio en el tratamiento de la información, casos de censura. Cinco “botones” conducen a “Las decisiones tomadas por el Consejo”, “Derechos y responsabilidades de la prensa”, “Procedimientos de reclamos”, “Consigne su reclamo on-line” y “Sus comentarios sobre la actualidad”.

En Chile, un Consejo Nacional de Televisión realiza y publica encuestas, se pronuncia sobre usos del lenguaje, analiza criterios de programación, se preocupa por los programas educativos y documentales.

En el Reino Unido también funciona la Comisión de Reclamos sobre Prensa (PCC) a través de la cual se pueden hacer reclamos, consultar códigos deontológicos, estudiar casos resonantes. La PCC –“nuestro servicio es libre, rápido y simple”– es un organismo independiente que canaliza reclamos del público acerca del contenido editorial de diarios y revistas. De las 3.325 denuncias que recibió en 2006, aproximadamente dos de cada tres tenían que ver con falta de rigor en la información y una de cada cinco con intromisiones en la vida privada de las personas. “La PCC –se lee en su página web– también proporciona protección especial a grupos de personas vulnerables: niños, pacientes en hospitales y aquellos en riesgo de discriminación”.

El pronunciamiento de la facultad de Ciencias Sociales decía sobre la cobertura del lock out agropecuario: “Han existido expresiones de periodistas que llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas. El público ha recibido muestras inadmisibles de trato discriminatorio de los actores sociales según su capacidad económica o su pertenencia de clase ante formas similares de reclamo de derechos”.
fuente critica digital