jueves, 25 de septiembre de 2008

Carrió y los juicios contra los genocidas de la dictadura

Carrió y los juicios contra los genocidas de la dictadura

Nunca escucho a Carrió porque miente aunque ayer ocasionalmente la pude ver en un programa de televisión. A veces me sorprende como despliega su arsenal de morisquetas y guiñadas a los periodistas como forma de buscar complicidad y evitar cualquier tipo de cuestionamiento a sus delirantes hipótesis, teorías y acusaciones basadas en afirmaciones sin fundamento o en medias verdades dichas rápidamente y sin posibilidad de ser contrastadas o cuestionadas - porque quienes osan cuestionarla quedan ipso facto en su lista negra de los “inmorales”. Nada nuevo. Pero lo que particularmente me dio bronca es que repitió algo que le escuche decir varias veces: “soy autora del proyecto de nulidad de la ley de punto final y obediencia debida”
Es mentira.
La ley que declara la insanable nulidad del punto final y la obediencia debida es la ley 25779, sancionada el 20 de agosto del 2003 y cuyo proyecto original es el 3684-D-03 presentado por el diputado DIAZ BANCALARI del PJ y cofirmado por los diputados: ALESSANDRO, CARBONETTO, CASTRO, GUTIERREZ, MONTEAGUDO, RIVAS, RODIL, ROSELLI y WALSH.

Sin embargo, hay algo de verdad en su afirmación. Carrió presentó un proyecto similar – técnicamente, un antecedente - el 3541-D-03, pero eso no la hace “autora” del proyecto sancionado, porque si así fuera también deberían considerarse “autores” a otros diputados que presentaron antecedentes similares tales como el 0345-D-03 y 8408-D-01 (WALSH, PATRICIA) IZQUIERDA UNIDA) 3534-D-03 (COUREL, CARLOS ALBERTO - UCR) 3645-D-03 (DIAZ BANCALARI-JUSTICIALISTA);0604-D-02 (ZAMORA-AUTODETERMINACION Y LIBERTAD) y 0140-S-03 (CONTI-FREPASO)

Por otra parte, Carrió tampoco fue autora del proyecto de derogación de las leyes de obediencia debida y punto final (ley 24952) cuyo proyecto original que lleva el número 1267-D-98, fue presentado por ROGGERO, HUMBERTO y otros y que tiene como antecedentes los proyectos 3058-D-96 (GORINI-COMUNISTA); 6488-D-97 (CAFIERO-FREPASO) 6587-D-97 (STORANI-UCR) 6593-D-97 (BRITOS-JUSTICIALISTA) 1148-D-98 (LOPEZ ARIAS-JUSTICIALISTA) 1267-D-98; (ROGGERO-JUSTICIALISTA)

Es decir, Carrió no fue autora de la derogación (ley 24952) ni autora de la nulidad (ley 25779) del punto final y la obediencia debida. Como mucho puede atribuírse la autoría de un proyecto presentado en ese sentido.

Cabe preguntarse porqué busca confundir a la opinión pública de esta manera. La respuesta es simple, para defenderse y evitar explicar su posición real acerca de los juicios a los genocidas de la dictadura.
Tal como dice en su plataforma electoral del 2007, la Coalición Cívica pretende “ Establecer un nuevo trato con las FFAA, a partir de juzgar las conductas de quienes en el pasado violaron los derechos humanos” y tal como dijo más de una vez, dejar de “humillar” a las Fuerzas Armadas porque “no pueden seguir hostigadas por lo que hicieron mil tipos que ya están en retiro” (Clarín, 13/09/07)
Pero entonces ¿a que se refiere con “juzgar las conductas”¿? ¿es contradictorio acaso con su proyecto de anulación de la obediencia debida ? No, si nos remitimos a sus propias referencias al “modelo sudafricano”. Hay que recordar que dicho modelo fue impuesto por los victimarios sancionándose una ley de promoción de la unidad y reconciliación nacional, que instauró un mecanismo que incluyó la amnistía de los crímenes y mediante el cual quien quería ser perdonado debía declarar ante la Comisión por la Verdad y la Reconciliación.

Según el modelo propuesto aparentemente –digo aparentemente porque ella no lo aclara y nadie se lo pregunta- “juzgar las conductas” sería una especie de “juicio por la verdad” con “confesión y arrepentimiento” a cambio de la impunidad.

Te conocemos Avelina….

fuente:http://kirchnerista.blogspot.com/

Carrió y los juicios contra los genocidas de la dictadura

Carrió y los juicios contra los genocidas de la dictadura

Nunca escucho a Carrió porque miente aunque ayer ocasionalmente la pude ver en un programa de televisión. A veces me sorprende como despliega su arsenal de morisquetas y guiñadas a los periodistas como forma de buscar complicidad y evitar cualquier tipo de cuestionamiento a sus delirantes hipótesis, teorías y acusaciones basadas en afirmaciones sin fundamento o en medias verdades dichas rápidamente y sin posibilidad de ser contrastadas o cuestionadas - porque quienes osan cuestionarla quedan ipso facto en su lista negra de los “inmorales”. Nada nuevo. Pero lo que particularmente me dio bronca es que repitió algo que le escuche decir varias veces: “soy autora del proyecto de nulidad de la ley de punto final y obediencia debida”
Es mentira.
La ley que declara la insanable nulidad del punto final y la obediencia debida es la ley 25779, sancionada el 20 de agosto del 2003 y cuyo proyecto original es el 3684-D-03 presentado por el diputado DIAZ BANCALARI del PJ y cofirmado por los diputados: ALESSANDRO, CARBONETTO, CASTRO, GUTIERREZ, MONTEAGUDO, RIVAS, RODIL, ROSELLI y WALSH.

Sin embargo, hay algo de verdad en su afirmación. Carrió presentó un proyecto similar – técnicamente, un antecedente - el 3541-D-03, pero eso no la hace “autora” del proyecto sancionado, porque si así fuera también deberían considerarse “autores” a otros diputados que presentaron antecedentes similares tales como el 0345-D-03 y 8408-D-01 (WALSH, PATRICIA) IZQUIERDA UNIDA) 3534-D-03 (COUREL, CARLOS ALBERTO - UCR) 3645-D-03 (DIAZ BANCALARI-JUSTICIALISTA);0604-D-02 (ZAMORA-AUTODETERMINACION Y LIBERTAD) y 0140-S-03 (CONTI-FREPASO)

Por otra parte, Carrió tampoco fue autora del proyecto de derogación de las leyes de obediencia debida y punto final (ley 24952) cuyo proyecto original que lleva el número 1267-D-98, fue presentado por ROGGERO, HUMBERTO y otros y que tiene como antecedentes los proyectos 3058-D-96 (GORINI-COMUNISTA); 6488-D-97 (CAFIERO-FREPASO) 6587-D-97 (STORANI-UCR) 6593-D-97 (BRITOS-JUSTICIALISTA) 1148-D-98 (LOPEZ ARIAS-JUSTICIALISTA) 1267-D-98; (ROGGERO-JUSTICIALISTA)

Es decir, Carrió no fue autora de la derogación (ley 24952) ni autora de la nulidad (ley 25779) del punto final y la obediencia debida. Como mucho puede atribuírse la autoría de un proyecto presentado en ese sentido.

Cabe preguntarse porqué busca confundir a la opinión pública de esta manera. La respuesta es simple, para defenderse y evitar explicar su posición real acerca de los juicios a los genocidas de la dictadura.
Tal como dice en su plataforma electoral del 2007, la Coalición Cívica pretende “ Establecer un nuevo trato con las FFAA, a partir de juzgar las conductas de quienes en el pasado violaron los derechos humanos” y tal como dijo más de una vez, dejar de “humillar” a las Fuerzas Armadas porque “no pueden seguir hostigadas por lo que hicieron mil tipos que ya están en retiro” (Clarín, 13/09/07)
Pero entonces ¿a que se refiere con “juzgar las conductas”¿? ¿es contradictorio acaso con su proyecto de anulación de la obediencia debida ? No, si nos remitimos a sus propias referencias al “modelo sudafricano”. Hay que recordar que dicho modelo fue impuesto por los victimarios sancionándose una ley de promoción de la unidad y reconciliación nacional, que instauró un mecanismo que incluyó la amnistía de los crímenes y mediante el cual quien quería ser perdonado debía declarar ante la Comisión por la Verdad y la Reconciliación.

Según el modelo propuesto aparentemente –digo aparentemente porque ella no lo aclara y nadie se lo pregunta- “juzgar las conductas” sería una especie de “juicio por la verdad” con “confesión y arrepentimiento” a cambio de la impunidad.

Te conocemos Avelina….

El Emirato pampeano y Petroquímica Comodoro Rivadavia

por Héctor E. Gómez*

La República Argentina es un país territorialmente grande con una población comparativamente reducida, somos autosuficientes en materia alimentaria y grandes exportadores de granos y carnes, aunque una porción importante de nuestra población sufre la enfermedad del hambre. En materia energética éramos también autosuficientes y con un futuro de seguridad mientras siguiéramos haciendo bien las cosas. ¿Qué debíamos hacer bien? Cuidar los recursos energéticos, o sea no convertirnos en un país exportador de petróleo y gas, planificar la explotación racional de los yacimientos, continuar con una política de exploración, diversificar el suministro energético recurriendo a fuentes alternativas (nuclear, hidroelectricidad, energía eólica, etc.), instalar una política de uso racional y ahorro energético que incluyera desde mejorar el sistema de transporte público hasta estimular la construcción de viviendas de bajo consumo de energía.

El país, desde los noventa, recorre un camino exactamente inverso al descripto, malvendimos todas las fuentes energéticas, nos transformamos por algunos años en exportadores y hasta cuando reformamos la Constitución Nacional incorporamos la propiedad del subsuelo para las provincias. Resultado de esa política es la destrucción del sistema energético, pérdida de la renta, agotamiento de los recursos, ausencia de inversión en infraestructura, decadencia del ferrocarril, imposibilidad de articular una política nacional en energía. Hoy somos apenas un despojo de lo que éramos, nuestro horizonte de autosuficiencia en petróleo y gas concluirá en pocos años, y ya estamos comenzando a vivir la penuria: actualmente es un problema garantizar la existencia de combustibles líquidos en los surtidores.

A nuestros políticos, de probado pensamiento a corto plazo, no les interesa el tema, por eso no existe una política nacional de planificación para los próximos 5, 10 o 20 años. Para agravar el problema energético la provincialización de los recursos ejerce un papel decididamente negativo para los intereses del conjunto, es decir el país; hoy tenemos 10 pequeños emiratos petroleros (las provincias) que lo único que los preocupa es que las empresas petroleras de sus territorios bombeen lo que puedan de sus yacimientos, para hacer la caja que les permita pasar el momento, y cuando llegue el diluvio… ya se verá. Es virtualmente imposible esbozar una política petrolera nacional cuando los recursos están repartidos en 10 emiratos subdesarrollados. Gracias Menem, Dromi, Cristina, Kirchner, Matzkin, etc.

La negociación con Petroquímica Comodoro Rivadavia es un claro ejemplo de la realidad del negocio petrolero en Argentina; si bien el acuerdo es mucho mejor que los realizados en otras provincias, reconoce los límites de carecer de una política energética nacional. Cada provincia arregla con las compañías que operan en su territorio, y sus acuerdos tienen poco que ver con la conveniencia nacional. Debemos reconocer que, si bien la negociación pampeana es mucho más conveniente que las firmadas en otras provincias, no es lo que debería hacerse, aunque posiblemente sea lo mejor que se podía acordar dentro del sistema actual.

Debemos destacar la amplitud de mira del gobernador Jorge, que decidió darle oportunidad al parlamento provincial para participar en la negociación; así el conjunto de los diputados (participaron todos los partidos con representación parlamentaria) lograron un acuerdo mas ventajoso que el que deseaba la empresa. Por empezar no se amplió el período de locación de servicios, no se transformó el contrato en concesión y se logró un monto de regalía inédito para el país. Es un mejor acuerdo, pero repito, no es el que necesitamos.

A la provincia y al país les conviene que la propiedad y la renta petrolífera sean totalmente de los argentinos. La verdadera solución es retrotraer la política antinacional que impuso el peronismo de los noventa y volver a la empresa pública que, con los debidos resguardos, maneje eficientemente con un criterio argentino estos recursos estratégicos. Así lo entendió Yrigoyen al fundar YPF, el general Mosconi como su gran organizador y presidente, y Don Arturo Illia al revocar los contratos de Frondizi. Este es el camino marcado por nuestra historia y por los intereses nacionales.

*Ingeniero agrónomo, miembro del Morelp-Moreno.
Publicado en el diario “La Arena”, 14-09-2008.