martes, 1 de abril de 2008

Los consumidores piden que se aplique la ley de abastecimiento


Es por la falta de alimentos que está provocando el paro de los empresarios rurales. Además, desde la Asociación de Consumidores Argentinos criticaron a dirigentes de la Federación Agraria Argentina por el lock out agropecuario, que hoy cumple 20 días.

La titular de la Asociación Consumidores Argentinos, Beatríz García Buitrago, pidió este martes que el Gobierno aplique la Ley de Abastecimiento, y criticó a dirigentes de la Federación Agraria Argentina por el lock out agropecuario.

"El campo tiene derecho a protestar, pero eso no puede hacer que nosotros perdamos nuestro derecho a acceder a la alimentación. El derecho de ellos a hacer paro, termina en el momento en que nosotros no podemos tener acceso a los alimentos", remarcó en declaraciones a canal 7.

La titular de la Asociación consideró que el Gobierno debería "aplicar sanciones -previstas en la Ley de Abastecimiento- por la falta de alimentos que está provocando el paro de los empresarios rurales".

Puntualmente, criticó a los dirigentes de la Federación Agraria Argentina quienes días atrás indicaron que con el lock out "han probado que el campo puede desabastecer". "No puede ser que la gente tenga que estar recorriendo una cantidad de lugares para tener que conseguir un alimento", agregó.

Asimismo, advirtió que cuando se supere el conflicto las asociaciones de consumidores van a pedir "que los precios se retrotraigan a lo que era antes de este paro, porque muchos han subido sin ningún fundamento".

Fuente: telam

Paro Agrario: Comunicado del INTI

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa
Comunicado de Prensa 26 de marzo de 2008
El conflicto agrario: la mirada desde el INTI
Instalado el conflicto agrario en la sociedad a raíz de las nuevas
retenciones, desde la presidencia del INTI se procura examinar con datos
fehacientes los diferentes escenarios y magnitudes de inversión, producción
y rentabilidad para el caso del maíz, la soja y la alternativa trigo-soja. A
partir de este análisis, se presenta el núcleo del problema en la ecuación
agraria actual, esto es: la incorporación del capital financiero como nuevo
protagonista de la producción agropecuaria, lo cual provoca un número
considerable de distorsiones que influyen de manera negativa y que deben ser
corregidas. El documento "Tratando de entender. La cuestión agraria en la
Argentina de hoy", del Ing. Enrique M. Martínez, presidente del INTI,
procura informar el estado de situación de cada uno de los escenarios,
enumerando las circunstancias que deben tenerse en cuenta para ser
coherentes con una acción política democratizadora y de mayor justicia: - La
política de retenciones móviles es casi obvia y debería ser mantenida.-
Superpuesto con ella, resulta imprescindible un gran esfuerzo para corregir
la distorsión y concentración de la estructura productiva, recuperando un
rol activo para los productores asentados en cada territorio.
A continuación, el documento completo.
TRATANDO DE ENTENDER*
(La cuestión agraria en la Argentina de hoy)
Este documento está preparado con la vocación de entender y ayudar a
entender el agudo conflictoagrario que se está desarrollando en el país,
ante la acumulación de confusiones que ponen losecundario delante de lo
principal, en un tema crucial para todos los argentinos. Empecemos por
elprincipio.
La rentabilidad del productor de granos
Tomando los datos de las fuentes citadas al final del documento para el
período 2007/2008, sellega a los siguientes valores por hectárea, para maíz,
con los precios y niveles de retencionesactuales.
Caso 1: Maíz en campo propio (dólares/ hectárea)
Rendimiento 7 ton/ha 9 ton/ha
Ingreso de exportación 1494.4 1921.3
Menos (costos de producción y comercialización)
Comisión de exportador 10.0 13.0
Gastos en puerto 44.8 57.6
Gastos de flete y otros de la chacra a puerto (200 km.) 206.5 266.4
Labores 46.0 46.0
Semilla 89.0 89.0
Herbicidas 39.0 39.0
Insecticidas 5.0 5.0
Fertilizantes 114.0 114.0
Cosecha 68.0 88.0
Menos (costo de retenciones)
Retenciones 352.8 453.6
Saldo por hectárea (Margen de beneficio) 519.1 750.6
Debe tenerse en cuenta que los gastos de comercialización disminuyen si se
vende el maíz paraalimentos balanceados u otro uso del mercado interno y
aumentan, por supuesto, si se vende paraexportación, en lugares más alejados
de los puertos.
Vale la pena hacer un cálculo primario del retorno del capital circulante
invertido, admitiendo quetodas las labores se hacen a través de
contratistas. Tomando el supuesto más desfavorable -además irreal - de un
desembolso concreto de todos los gastos por parte del productor, al inicio
de la siembra, mas allá que los gastos de la cosecha y envío a puerto son
casi simultáneos con elingreso por venta, el beneficio bruto esperado
resulta del 91% y del 125% del capital circulanteinvertido, en 8 meses.
En este marco se puede concluir en forma directa que las retenciones son un
impuesto a la rentaextraordinaria; que esta renta existe y que el
instrumento elegido forma parte del menú de políticasque cualquier país del
mundo utiliza, como hace Noruega con la renta del petróleo, por mencionar
uno solo de varios ejemplos posibles. Puede a continuación discutirse cómo
se asignan losrecursos del impuesto, pero eso es claramente un tema
independiente.
La rentabilidad de un fondo de inversión
Caso 2: Maíz en campo arrendado (dólares/ hectárea).
Aquí se supone que quien arrienda es un gran fondo de inversión con
capacidad para obtenerdescuentos del 10% en las labores, la semilla y la
cosecha y del 15% en los agroquímicos.
Se estima que el costo del arrendamiento, solo para maíz, es de 350 dólares
por hectárea.
Con estos datos la rentabilidad esperada, calculada de la misma manera que
antes, en 8 meses,resulta del 32% para un rendimiento de 7 toneladas por
hectárea y del 65% para 9 toneladas porhectárea.
Cabe consignar que en esta variante, el dueño de la tierra tiene un ingreso
de 350 dólares porhectárea. Este valor es menor que el que obtendría si
asumiera el riesgo de siembra, cultivo ycosecha, pero lo independiza
totalmente de realizar labor alguna y lo libera de toda situación azarosa.
Se trata de renta pura. Si bien los campos tienen alta variación regional de
precios, sitomáramos el valor de referencia como 5000 dólares la hectárea,
el ingreso obtenido sería del 7%sobre el capital fijo, tasa superior a
cualquier colocaciónfinanciera, a la cual se debe agregar la valorización
anual del campo y el posible uso de la tierra para pastoreo los cuatro meses
quequeda libre.
La alternativa trigo-soja
Para no agobiar con números al lector, se debe señalar que se han verificado
las rentabilidades de la siembra de soja de primera o de la rotación
trigo-soja, con los actuales precios y niveles de retención, tanto para
productores como para fondos de inversión.
Los valores de ingreso neto esperados por hectárea, para un productor, están
entre 600 y 800 dólares por hectárea. Nunca menos del 100% anual del capital
circulante invertido.
Para un fondo de inversión, el beneficio sería entre 150 y 350 dólares por
hectárea. Esto, medidoen relación a los fondos erogados, significa entre 15%
de ganancia en 6 meses y 70% en un año, según las situaciones.
El núcleo del problema
Comienzo por admitir que no estamos hablando de situaciones con absoluta
certeza de resultado.La naturaleza no es enteramente previsible. Sin
embargo, todos los datos presentados surgen de rendimientos promedios y en
ningún caso de extremos favorables. Salvado este punto, cabenvarias
reflexiones.
Ante todo: la rentabilidad del negocio de los granos hoy - con las actuales
retenciones - es superior a la de cualquier alternativa industrial o
financiera o también del propio campo, si se compara conganadería u otras
variantes.
A pesar de lo anterior, los actores del sistema confrontan su renta presunta
con la que hubieranobtenido si no se hubieran aumentado las retenciones de
la soja y el girasol, incluso con la queobtendrían si no hubiera retención
alguna y se sienten despojados. En algunos casos, la sensaciónes inevitable,
cuando la medida se tomó estando la cosecha en pleno desarrollo.
A diferencia de la producción industrial, la producción agropecuaria se
funda en un factor de
producción como la tierra, no ampliable, cuya propiedad otorga derechos de
renta per se. Esto hasido así siempre y en todo lugar. La tradición del
campo argentino, en particular, es justamente que la existencia de grandes
extensiones en manos de poca gente convirtió en arrendatarios a
quienes,disponiendo de pequeñas superficies o de ninguna, se equiparon para
trabajar campos de tercerosasumiendo parte del riesgo agrícola. El trabajo
de la tierra, con un porcentaje de la cosecha destinado a recompensar a los
dueños de los predios, es tan antiguo casi como nuestra historiaeconómica.
Hay una convergencia de dos factores, sin embargo, que han cambiado
totalmente el perfilproductivo agropecuario, en los últimos 20 años. Por un
lado, la muy rápida difusión de la siembradirecta, con aplicación de
herbicidas y fertilizantes, que minimizan las labores necesarias ypermiten
trabajar grandes superficies en mucho menor tiempo que hace dos décadas. Por
el otro, la aparición de capitales financieros enteramente ajenos al campo,
pero que basados en la mayorpredictibilidad de los actuales sistemas de
siembra y cosecha y en la asociación práctica conempresas de labranza,
comparan la renta posible con las ganancias del plazo fijo o aún de
situaciones mucho más volátiles como la bolsa de valores u otros esquemas de
especulaciónfinanciera, y la concretan.
La irrupción acelerada de estos capitales pudo ser posible asumiendo mayores
riesgos que losarrendatarios tradicionales. En lugar de pagar un porcentaje,
debieron pagar - y pagan -sumas fijas por hectárea, eliminando todo riesgo
en cabeza de los dueños de la tierra.
La muy alta rentabilidad reitero, comparada con el mundo financiero, atrajo
inversores como moscas a la miel. Aumentó la renta de la tierra y luego el
valor de la tierra, de manera nunca vistaantes en nuestra historia.
Finalmente puso a los propietarios ante los siguientes dilemas:
a. Propietario chico de 50 hectáreas. ¿Me quedo con 25.000 dólares por año
de renta fija, arrendando para trigo-soja, o aspiro a unos 40.000 dólares
por año trabajando la tierra? Laprimera variante habilita al pequeño
chacarero a intentar una empresa urbana, comercial oinmobiliaria, con menos
esfuerzo y riesgo. La segunda variante produce mayor retorno, peroobliga a
correr detrás de contratistas o cosechadores cada vez más seducidos para
trabajaral servicio de los grandes grupos. Muchos han optado por el primer
camino.
b. Propietario grande de 1000 hectáreas.¿Recibo 500.000 dólares al año de
renta fija o aspiroa 800.000 asumiendo los riesgos? Son muchos -
muchísimos -los que disfrutan de la primera opción. Tengamos presente que
estos propietarios son los que siempre han dadoen arriendo una parte de su
tierra. Solo que ahora las tasas son astronómicas.
c. En ambos casos - grandes o chicos -se abrió el camino de una suerte de
cadena de lafelicidad, ya que al percibir arriendos en dinero, éste puede
ser luego invertido en lospropios fondos de inversión, aumentando aún más la
rentabilidad, sin involucrarsedirectamente en labor agraria alguna.
Las consecuencias sociales de la dominancia productiva de los fondos de
inversión han sidoexpuestas en numerosos foros y no son exageradas en
absoluto. La despoblación rural y el empobrecimiento de los sectores de
servicios de los pueblos del interior son consecuenciasdirectas del nuevo
modelo. El bajo interés por las rotaciones; el riesgo de contaminación
hídrica porexceso de nitratos o fosfatos; el riesgo asociado a
ladiseminación sin ton ni son de envases de herbicidas, no puede ni debe ser
subestimado.
El esquema de retenciones, como se ha visto más arriba, no elimina el
negocio de los fondos. Lomás probable, en realidad, que el aumento de
retenciones provoque la disminución del costo de los arrendamientos a
futuro, pero mantenga el negocio de estos grupos.
En lo antedicho está el auténtico núcleo del problema agrario de hoy.
Siempre hubo propietarioschicos y grandes; quienes explotaron sus campos y
quienes no. Pero el actual modelo de producción rompió la relación entre el
capitalista agrario y la tierra. La instalación del capital
financiero como el dinamizador de la producción agropecuaria provoca
infinidad de distorsionesnegativas, que cualquier programa sectorial debe
intentar corregir.
Una conclusión preliminar
El conjunto de la sociedad no está siendo bien informada sobre este
conflicto. No se trata de dirimir- en todo caso no es el punto central - una
puja distributiva entre los chacareros y el Estado.
Deberíamos aprovechar la controversia y el conflicto para acordar un modelo
productivo que sirva alos productores, también a sus regiones y al país en
su conjunto.,
La línea central de la política debiera ser la desconcentración, que no es
otra cosa que favorecer a los que tienen las raíces en la geografía
argentina. Estimular a los pequeños productores esdemocratizar el tejido
productivo. Es parte de una redistribución de ingresos sustentable.
No es este el lugar ni la pretensión de formular aquí unprograma sectorial
completo. Solo se enumerarán facetas a tener en cuenta para ser coherentes
con un propósito democratizador y demayor justicia.
- Toda medida de estímulo a cualquier sector o subsector del campo debería
tener comocondición que los trabajadores rurales se desempeñen en el marco
de las leyes laborales yde seguridad e higiene más elementales. No es
admisible, bajo ninguna explicación, que eltrabajo en negro entre los
trabajadores del campo sea por lejos el mayor de todos lossectores.
- Existe un proyecto de ley de arrendamientos, presentado por dos diputados
(Ilarregui yCantero) en 2006, que busca acotar el trabajo de los fondos de
siembra, dándole estabilidadmínima de 5 años a los compromisos de arriendo.
A el deberían agregarse compromisos de rotación entre cultivos y parece una
buena medida regulatoria.
- Se debería subsidiar parte de los fletes mayores de 200 kilómetros hasta
el puerto, hastaun tonelaje máximo por productor.
- Se debería computar parte de las retenciones como adelanto de impuesto a
las ganancias, para productores directos con menos de cierta superficie
límite.
- Se podría importar en forma directa herbicidas y fertilizantes, para su
distribución a travésde cooperativas agropecuarias.
- Los pequeños ganaderos deberían tener acceso garantizado a entregar
animales parafaena directamente a los frigoríficos y luego negociar sus
reses a través de certificadostransferibles.
- Los pequeños productores lácteos o de pollos o de cerdos deberían contar
con un apoyo concreto de envergadura para poder procesar su producción hasta
llegar a industrializarla yentregarla directamente al comercio minorista.
Esto es factible en todo el país,especialmente en las regiones más pobres y
hay numerosas experiencias que lo validan.
Tal vez estos ejemplos sean suficientes para mostrar que:
- La política de retenciones móviles es casi obvia y debería ser mantenida.
- Superpuesto con ella, resulta imprescindible un gran esfuerzo para
corregir la distorsión yconcentración de la estructura productiva,
recuperando un rol activo para los productoresasentados en cada territorio.
Fuentes:
Bolsa de Comercio de Rosario
Unidad de investigación y Desarrollo de AACREA
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
Proyecto PRECOP del INTA.
Boletín Márgenes Agropecuarios.
*Ing. Enrique M. Martínez
Presidente del INTI

Cortes de ruta: no todo es lo mismo

Cortes de ruta: no todo es lo mismo

Por Roberto Gargarella *

Hay en la discusión sobre los cortes de ruta una
triste superficialidad, casi de niños, que lleva a que
muchos sostengan la idea de “si los otros pueden,
entonces yo también” (“si a los demás les toleran el
corte de ruta, entonces no me digan nada por el mío”).
La pretensión es errónea: el derecho no sanciona, por
caso, el “hurto famélico” (no pena al hambriento que
roba un pedazo de pan), pero eso no justifica que otra
persona, bien alimentada, robe comida y diga “a mí
tampoco me castiguen.” Del mismo modo, el derecho
excusa el homicidio en defensa propia, al tiempo que
condena al simple homicida, aunque éste diga: “Si al
que mató en defensa propia no lo sancionaron, ¿por qué
a mí sí?”. Simplemente, no todo es lo mismo.

En el caso de los cortes de ruta, el error (más que
error suele ser una falta de respeto, que ha venido
acompañada por inaceptables expresiones racistas)
consiste en equiparar el accionar de algunos grupos
piqueteros, como –pongamos– el de los desocupados de
Mosconi o Tartagal, con el que hoy lleva a cabo la
“gente del campo.” Y se trata de casos diferentes, que
deben ser tratados de modo diferente. Es un error
pensar que las acciones de distintos grupos se igualan
por el simple hecho de que recurran al mismo
instrumento (“piquete”, “cuchillo”) para llevarla a
cabo.

Sostengo desde hace años que el derecho debería tomar
una posición menos hostil de la que ha solido tomar
frente a los cortes de ruta producidos por algunos
grupos –típicamente, desocupados–. Cuando muchos
jueces, con absoluta soltura y brutalidad, decían
“aquí sólo importa que estos manifestantes cortaron
una avenida y eso es un delito”, fue necesario señalar
que en tales situaciones solía haber otros derechos en
juego, que tales derechos eran demasiado importantes y
que esos derechos ignorados por los jueces podían
exigir una revisión de su sentencia. Según entiendo,
el derecho debe tomar en cuenta fundamentalmente dos
criterios al momento de decidir en tales situaciones
de protesta. Primero, debe prestar atención a la
gravedad del derecho afectado (el derecho que da razón
a la protesta). Segundo, debe examinar qué
alternativas razonables tiene el grupo que protesta
para hacer conocer a los demás –y especialmente a las
autoridades públicas– dicha afectación de derecho, y
favorecer así el remedio de la situación que padece.

Tales criterios nos permiten esquivar la tonta
dicotomía entre “piquetes buenos-piquetes malos”,
“piquetes que me gustan-piquetes que no”. Por ejemplo,
en lo personal, suelo simpatizar con una mayoría de
los reclamos que presentan los estudiantes
secundarios. Sin embargo, eso es diferente de decir
que el derecho debería evaluar los cortes de calle de
los estudiantes con la misma vara que los cortes
producidos por desempleados empobrecidos. La gravedad
de los derechos (sociales) que se violan en el último
caso y la carencia de medios institucionales para
remediar su situación, por parte de estos desempleados
(algo probado por la prolongación de su situación de
miseria, en un país constitucionalmente comprometido a
asegurar a todos derechos sociales básicos), tornan
menos reprochables estas últimas acciones que las
primeras. Dicho esto, es muy importante agregar
algunas aclaraciones. Primero, ¡lo expuesto de ningún
modo significa que los estudiantes secundarios deben
ser procesados o encarcelados! En absoluto: hay muchas
formas de advertencia, reproche o amonestación (y
eventualmente excusa) en las que podría pensarse.
Segundo, lo dicho tampoco significa que los
desempleados puedan protestar de cualquier modo, en
cualquier caso: otra vez, importará conocer, siempre,
los detalles del caso. Tercero, tampoco se infiere que
los automovilistas no tengan derechos. No, lo que se
afirma es lo opuesto: los jueces no pueden actuar como
si sólo ellos los tuvieran.

¿Se dirige todo lo anterior a decir que los grupos que
protestan en nombre del campo no tienen derecho a
protestar porque son “ricos” o porque el Gobierno
tiene razón? En absoluto. Por un lado, no es nada
obvio que el Gobierno tenga razón y mucho menos que
con sus acciones se haya convertido en acreedor de la
confiabilidad colectiva. Por otro, los sectores
allegados al campo –como cualquier sector que se
sienta afectado por medidas de gobierno– tiene un
obvio derecho a protestar, aunque la protesta tenga
que ver (como en este caso) con su exclusivo
autointerés por ganar cada vez más dinero. El hecho de
que alguien proteste en nombre del interés propio
(contra lo que suele decir la derecha frente a las
protestas de los pobres) no desvirtúa el derecho a la
protesta, sino que le da contenido. El punto es que no
todas las protestas son equiparables ni se encuentran
igualmente justificadas, ni merecen el mismo amparo
jurídico. Finalmente, quienes defienden al campo deben
ser obviamente protegidos en su derecho a protestar,
aunque no merezcan ser igualmente excusados, desde un
punto de vista jurídico, en caso de afectar, como hoy
lo hacen, los derechos de terceros: ellos cuentan con
innumerables medios alternativos –menos dañosos para
los demás– para hacer visibles sus demandas y
atendibles sus reclamos.

* Doctor en Derecho, profesor de Derecho
Constitucional (UBA-UTDT).